A cinco meses de estar recluidos en la cárcel Najayo, la pastora Rossy Guzmán y su hijo, el cabo Tanner Flete, implicados en el caso Coral, buscan la manera de salir de prisión, pero sus estrategias les han fallado.
Los implicados en este caso de corrupción religioso-militar, donde también está imputado el mayor general Adán Cáceres Silvestre, presentaron un recurso de habeas corpus.
Esto, para que un tribunal ordenara su libertad alegando una detención ilegal, petición que le fue denegada al ser declarada improcedente.
No conformes, a través de sus abogados, apelaron al fallo ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que confirmó ayer la referida decisión y por lo tanto también le rechazaron su solicitud.
Los jueces Daniel Nolasco, July Tamríz Núñez y Mariana García, quienes integran la Tercera Sala Penal de la Corte, constataron que no hay ilegalidad con la prisión preventiva que pesa en su contra.
Por lo tanto el tribunal que declaró improcedente el habeas corpus obró correctamente.
“El tribunal de primer grado dio sobradas explicaciones en hecho y derecho en relación a la acción incoada, quedando establecida la condición por la cual se encuentran los impetrantes (Guzmán y Flete) actualmente guardando prisión preventiva”, precisó el tribunal de alzada.
De acuerdo al Ministerio Público, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), creó junto a la pastora Guzmán, un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del patrimonio público.
Supuestamente, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep y del Cestur; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, pertenecían a la red criminal, y desviar el dinero público.
El desvío de los fondos, indican las pesquisas, consistía en lo siguiente: distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia.
El Ministerio Público ha dicho que los imputados adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas.
Alegadamente, la pastora Guzmán y su hijo fungían como testaferros.
