Las motivaciones de la jueza Kenya Romero para imponer prisión preventiva contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado de cometer actos de corrupción, se basaron en los parámetros de la existencia de riesgo de sustraerse del proceso debido al alto cargo público que desempeñaba.
Según la magistrada, de tales funciones se “desprende posición de mando que pone en riesgo potencial la obstaculización de los medios de prueba”.
Dijo que los arraigos sociales y patrimoniales ofertados permiten identificar facilidades para sustraerse del proceso.
Así se informó mediante un comunicado de prensa remitido por el Poder Judicial, tras conocerse la audiencia a puertas cerradas y sin acceso a la prensa.
Además, la jueza dictó prisión preventiva contra Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo y financiero de la entidad, Javier Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información y Alfredo Solano Augusto, exsubdirector financiero, también implicados en el caso Medusa.
El comunicado explica que en el caso de Forteza Ibarra, la magistrada Romero precisó que “se desprende riesgo para los medios de prueba vinculados a su expertise de técnico en el área de tecnologías de la información”.
Respecto a Rodríguez Imbert y Forteza Ibarra, la jueza motivó que estos poseen las facilidades de sustraerse del proceso, situación que pondría en riesgo los medios de pruebas durante el desarrollo del mismo.
Romero también impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país a Altagracia Guillén Calzado, pasada subdirectora administrativa; Rafael Mercedes Marte, exencargado del Departamento de Contabilidad, y Jenny Marte Peña, quien se desempeñó como ingeniera encargada de construcción del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.
En este caso, tomó en cuenta que no representan un riesgo en la investigación o los medios de prueba, ya que su acceso resulta precario, por lo que es posible se puedan presentar al proceso.
Mientras que para Miguel José Moya, quien se desempeñó como asesor de la Procuraduría, dispuso una garantía economía de un millón de pesos mediante una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país, al considerar que es una persona identificable en los registros públicos y no representar una obstaculización de los medios de prueba.
