Primero fue la designación de un director “provisional” de Inapa que no reúne los requisitos previstos en la ley que norma esa institución. En paralelo, fue sometido un proyecto al Congreso para ajustar el nombramiento a la “legalidad”. Ahora el Consejo Nacional de Educación emite una ordenanza mediante la cual autoriza al ministro de Educación a destituir a los directores regionales y distritales que ganaron esos puestos mediante concurso, sin que agoten el período para el cual fueron escogidos. El Consejo anuló la ordenanza 24-2017 que abrió el proceso competitivo en el cual fueron seleccionados.
Es más que visible que el Consejo de Educación arrasa derechos conquistados por profesionales calificados. Decir ahora que esos profesionales son políticos para anular todo lo anterior y nombrar nuevos por vía administrativa es más que arbitrariedad.
En pocas palabras, asistimos, ¡otra vez! al escenario de los viejos métodos mediante los cuales se vulneraban principios de la sana administración, derechos de las personas y las normas vigentes.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha hecho serios reparos que debían ser atendidos por el ministro de Educación y su Consejo. Considera que fueron violados varios artículos que protegen el servicio de educación, de la función pública, lo mismo que la ley orgánica de Educación que en su artículo 139 establece que “los cargos administrativo-docentes y técnicos-docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición, o por oposición y méritos profesionales.”
Acción Empresarial por la Educación (Educa) señaló el lunes que los directores regionales y distritales cancelados fueron escogidos de manera transparente, “resultado de un proceso competitivo, diáfano y profesional”.
Hoy precisamente se cumple el primer mes de la presidencia de Luis Abinader, y es una pena que quienes se pasaron años y años predicando la defensa de la institucionalidad, denunciando las violaciones a las leyes, ahora, cuando tienen el poder en sus manos, actúen de esta manera.
Es demasiado temprano para colocarse al margen de la ley, y todos los actos de la Administración tienen que someterse a su imperio. El poder no ha sido concedido para violentar los procedimientos establecidos.
