La explicación dada por el consultor jurídico del Poder Judicial sobre la aprobación para construir un nuevo aeropuerto en Bávaro no ha detenido el conflicto que se ha generado entre diversos sectores.
Tras Flavio Darío Espinal asegurar que no existen impedimentos legales para su aprobación por parte de presidente Danilo Medina, el abogado de la Corporación Dominicana del Este, Miguel Valerio, aseguró que la explicación de este funcionario “es otro eslabón más en una cadena de irregularidades y da alas a quienes avistan corrupción a lo largo de todo el proceso”.
Indicó que se trata de una presión indebida en un estado de derecho, un irrespeto preocupante a la separación de poderes que debería tener consecuencias “si de verdad queremos preservar la salud democrática de nuestro país”.
“Aquí faltaba tiempo, no para un estudio exhaustivo, serio, independiente, y la observación escrupulosa de las normas legales, sino para concluir todo el proceso antes del cambio de gobierno”, dijo.
De su lado, la Comisión Aeroportuaria descartó que constituya un ilícito penal la aprobación de la Resolución No. 6796 en la que otorgó su no “objeción” para la construcción del nuevo aeródromo y afirmó que las acciones de sus miembros se enmarcan en ámbito de la ética y las facultades que le otorga la ley.
Manifestó que el Grupo Punta Cana ahora está desprestigiando a la misma Comisión que apoderaron en septiembre del 999 para que aprobara la formalización de su contrato con el Estado, y la misma, agregó, que dictó la Resolución 6013 que acogió su pedido y confeccionó dicho contrato y le dio vida jurídica a un aeropuerto privado que se había mantenido por casi dos décadas en la sombra de un oficio de “no objeción”.
Explicó que el 23 de enero de este año dictó su Resolución No. 6796 otorgando su no objeción a dicho proyecto y sometiéndolo a la consideración del Poder Ejecutivo, en una sesión con matrícula completa y votación unánime.
“Ni aprobó ni concesionó nada, sino que opinó que puede ejercer sus facultades de administrar si el Estado decidiera finalmente autorizar el indicado proyecto”, sostuvo.
Sobre el caso, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desmintió “de manera categórica” las supuestas irregularidades. Dijo que este proyecto fue debidamente publicitado conforme a los términos de la ley.
