La Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19 creada para vigilar, dar seguimiento y monitorear los procesos de compras y contrataciones durante el estado de emergencia, identificó procesos irregulares que involucraban más de RD$1,000 millones.
elCaribe confirmó la información con Manuel Luna, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada y coordinador de la comisión, quien explicó que por los trabajos realizados de monitoreo y la colaboración de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), alertaron a la Presidencia y los procesos fueron declarados desiertos y cancelados.
“Habían alertas en esas licitaciones. Nosotros alertamos a la Dirección de Compra y al ministro Gustavo Montalvo de que había situaciones, por lo que recomendamos que se declararan desiertas. Inmediatamente Presidencia dio por cancelado los procesos”, dijo Luna.
Explicó que los procesos declarados desiertos y cancelados representaban un 14 % del presupuesto programado y reiteró que “el Gobierno inmediatamente tomó las acciones de lugar”.
Recomendaciones
La Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19 recomendó al Gobierno en su informe focalizarse en tres áreas: primera, desarrollar un marco normativo que sirva de soporte al seguimiento y garantía de los principios de economía, transparencia y competencia en la contratación pública; segunda, disponer y utilizar la información para la toma de decisiones en materia de contratación pública; y tercera, implementar de mecanismos que garanticen el seguimiento concurrente a los procesos de contratación.
Luna manifestó que la comisión recomienda que se cree un observatorio permanente operado por el sector privado con participación del sector público para vigilar las compras y contrataciones públicas.
Adelantó que harán este planteamiento a la Unión Europea (UE) a ver si pueden conseguir los fondos que se necesitan o sino los buscarían entre los sectores público y privado.
Detalles del proceso
El documento explica que fueron monitoreados 64 procesos de compras durante el estado de emergencia realizados por el Gobierno desde el 6 de abril al 30 de junio, utilizando como fuente los portales de compras y contrataciones, así como también de las instituciones. Estos fueron divididos en 3 fases: la primera, desde el 6 al 14 de abril; la segunda, desde el 15 al 30 de abril; y la tercera desde 1 al 30 de junio del 2020.
Detalló la Comisión de Veeduría Ciudadana COVID-19 que del 75 % de los 64 procesos de compras de emergencia, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realizó el 28 % en compras; Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (Promesecal) un 28 % y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) un 19 %.
En el informe, la comisión resalta “la disponibilidad y transparencia con la que se manejaron las autoridades con los veedores”.
“Como resultado de los requerimientos de la comisión sobre cualquier duda o irregularidad de los procesos de emergencia que se encontraban ejecutando las instituciones autorizadas, se fortaleció la credibilidad y confianza en el trabajo de la comisión”, cita uno de los párrafos.
La comisión reconoció el esfuerzo del Estado para contribuir con la transparencia.
