En medio de esta crisis sanitaria y económica sin precedentes causadas por la pandemia y de toda la incertidumbre que de estas se deriva, resulta alentador para el país recibir señales de las nuevas autoridades que insuflan esperanzas y restauran deteriorados niveles de confianza lo que es fundamental para enfrentar los enormes retos que tenemos por delante.
Es innegable que existía un marasmo en el tren gubernamental tras ocho años en el poder y dieciséis años continuos del partido en el gobierno, durante los cuales una gran parte de su comité político se mantuvo petrificado en sus puestos, y el Estado se convirtió en la nómina del partido, lo que además de la natural usura del tiempo, dio paso a indeseadas conductas de endiosamiento, nepotismo, tráfico de influencias, conflictos de intereses, desconexión con los ciudadanos, estancamiento de las acciones y peor aún en muchos casos de despilfarro y corrupción.

El presidente electo en pocas semanas ha dado algunas importantes señales, una de ellas es que buscará transparencia como dijo en su discurso de cierre de campaña en el que exaltó la gestión transparente realizada por su compañero de partido al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional y prometió que su gestión se caracterizará por llevar transparencia al gobierno, y las designaciones hasta ahora efectuadas constituyen muestra de ello, como es el caso de los directores de ética y de compras y contrataciones públicas.

Otra es que conformará un equipo principalmente fundamentado en las capacidades y solvencia moral de las personas, seleccionando los mejores perfiles para cada puesto dentro de su partido y de su equipo, esperando que no incurra en la dañina práctica de colocar los compromisos partidarios y amiguismos por encima de la capacidad e idoneidad.

El anuncio de la eliminación de la OISOE constituye una muy importante señal de compromiso de cumplir promesas realizadas, lo que la sociedad civil había reclamado desde hacía años, pues esta no solo carecía de fundamento legal y era un inexcusable mini ministerio de obras públicas para uso discrecional del presidente de turno, sino que se convirtió en la fuente de los peores escándalos de corrupción, en la que hasta las supuestas medidas para democratizar obras como los sorteos, dieron lugar a las más espurias acciones que saltaron a la vista por un lamentable suicidio de una de las víctimas de ese engaño, las cuales permanecen impunes.

Muchas otras instituciones tendrán que desaparecer, algunas de las cuales debieron incluso hacerlo por mandato legal, como es el caso de la OMSA y la OPRET, también escenarios de corrupción, las que por mandato del artículo 356 de la Ley 63-17 de movilidad y transporte, debieron ser eliminadas y transformadas en empresas públicas o mixtas debiendo dictarse los decretos de disolución y transformación en un plazo de 6 meses que venció en agosto de 2017 sin que nada se haya hecho.

Todas las miradas se proyectan hacia otra promesa, la selección de un procurador general independiente, pues más que nunca se requiere de una persona con la capacidad, la integridad, la responsabilidad y la entereza para instrumentar los expedientes de investigación, con el cumplimiento igualitario de la ley como estandarte y la independencia como precepto de vida; lo que para lograrse depende más de la intención de quien escoge y de la fibra del escogido, que de las reglas escritas. Y aunque se requerirá de tiempo para empezar a desmontar la perversa impunidad, la idoneidad de la persona seleccionada y acciones puntuales, como la solicitud de informaciones al Ministerio Público de Brasil para desenmascarar los rostros de la corrupción de ODEBRECHT ocultos en “codinomes”, bastarían para devolver la fe en la justicia.

Esperemos que los vientos de cambio que soplan sean barredores de tristezas y oprobios, que cual “rabo de nube” se lleven lo sucio y lo malo haciendo renacer nuestras esperanzas, y cumplirse el anhelado deseo de un mejor país para todos.

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