Los autoasignados fondos para “asistencia social” (“barrilito”, “cofrecito”) de nuestros congresistas se cuestionan desde hace años. Legisladores no están para hacer beneficencia pública, es una abusiva distorsión que nuestra política, clientelar, legitimó. En sus demarcaciones, senadores, diputados, son como príncipes, rodeados de pobreza. Mediante el presupuesto público ganan favor político porque dan algo (“ayuda”) a los más necesitados, pero fundamentalmente se lucran ellos y allegados. Pervertido aprovechamiento particular de fondos públicos y ante nuevo Congreso y en medio de la penuria económica del covid-19, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió abolir este esquema por fin. Dos senadores electos, Santiago y Santo Domingo, aseguraron no tomarán el reparto, muy bien. Debieran ser todos, a una. El país cambió y exige política distinta.

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