Proponen a Miriam Germán Brito y otros dos abogados para ocupar cargo de procurador general

La jueza de la SCJ, Miriam Germán Brito. Foto archivo.

Santo Domingo.-El Centro Juan XXIII presentó al presidente electo Luis Abinader una propuesta con tres candidatos para que sean tomados en cuenta para designarse como el próximo procurador general de la República.

Mediante una carta enviada a Abinader, la organización propuso que sean evaluados para  ocupar el cargo, la exjueza de la Suprema Corte de Justicia Miriam Germán Brito y los abogados Jorge Luis Polanco y Fernando Henríquez.

La entidad dijo que hizo esta propuesta animada por el compromiso que hizo Abinader, quien asumirá la Presidencia el próximo 16 de agosto, de nombrar a un procurador independiente y sin ataduras políticas.

Además, dijo, que estos  candidatos  “son reconocidos profesionales del Derecho, y han sido confirmados como idóneos para ese cargo en los ámbitos en que se desenvuelven tanto por su vasta experiencia, capacidad en su área de acción e impecable historial personal y profesional”.

“Este nombramiento será de gran beneficio a la Nación en cuanto considera que los temas de justicia, y especialmente la lucha contra la corrupción e impunidad, constituyen una de las debilidades institucionales más importantes que afectan al País”, expresó mediante una nota de prensa.

El Centro Juan XIII es un espacio de reflexión, formación y participación política no partidaria, que busca transformar la conciencia política de la sociedad mediante la formación y la divulgación de propuestas concretas, encaminadas a crear una sociedad más humana y más justa.

¿Cómo se designa al procurador general de la República?

El artículo 171 de la Constitución establece que el presidente de la República es quien designará al procurador general de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos.

Para ser procurador general de la República o adjunto se requieren los mismos requisitos que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, es decir, ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen y tener más de treinta y cinco años de edad; hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; ser licenciado o doctor en Derecho; y haber ejercido durante por lo menos doce años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público. Estos períodos podrán acumularse.

La Carta Magna también indica que la función de representante del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente y, mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, no podrán optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividad político partidista

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