Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó que tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra la excampeona nacional de heptatlón Juana Rosa Castillo, quien supuestamente mató a su pareja.
El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de El Seibo fijó para mañana las 9:00 de la mañana la audiencia para conocer a la solicitud de medida de coerción. La misma será conocida de manera virtual.
Castillo, de 36 años, quien también es segundo teniente de la Policía, es acusada de ultimar a su pareja Luis Disla Zil, de 20 años, el pasado lunes en la vivienda compartida por ambos en el batey La Higuera, de la provincia de El Seibo.
El expediente instrumentado por la Fiscalía establece que el hecho ocurrió cuando ambos sostenían una discusión durante la cual se produjo un forcejeo en el que Castillo le habría propinado una estocada de arma blanca en el tórax a su esposo, la cual le provocó la muerte.
Detalla que Disla falleció cuando era trasladado de un centro de salud de El Seibo a un hospital en Santo Domingo. Su muerte se produjo a consecuencia de shok hemorrágico, de acuerdo a lo establecido en el acta de levantamiento del cadáver.
Según las versiones de la imputada ésta habría cometido el hecho utilizando una tijera, alegando que el imputado habría intentado agredirla con la misma y que la había amenazado con cortarle sus partes íntimas.
Castillo, conocida popularmente como ‘Nachi’ y madre de cuatro niños, dijo que “estaba acuartelada por las elecciones y cuando llegué a la casa, cegado por los celos, trató de revisarme mi vagina, me cortó parte del pelo con una tijera, logrando arrebatarle la tijera, con la cual lo saqué, porque me quería revisar delante de mis hijos”.
El Ministerio Público dijo que avanza en las investigaciones y que cuenta con diferentes evidencias documentales y testimoniales para lograr que le sea impuesta la medida de coerción de prisión preventiva en la Cárcel de Mujeres de Higüey.
Indicó que le ha otorgado a este caso la calificación jurídica de violación a los artículos 309-2, 295 y 304 del Código Penal Dominicano y los artículos 83 y 86 de la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
