Al procurador general de la República le queda poco más de un mes en el cargo, el cual ostenta desde 2016, y con ello deja varios casos pendientes en la justicia, incluidos los más notorios sobre corrupción en instituciones del Estado.
Con el cambio de gobierno que iniciará el próximo 16 de agosto, Jean Alain Rodríguez dejará de ser la máxima autoridad del Ministerio Público, que es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.
Rodríguez, de 45 años, es un abogado y político que asumió el cargo de procurador general de la República en el 2016. Durante estos cuatro años, salieron a la luz varios casos de corrupción que aún no han salido de los tribunales, y que quedarán pendientes para el próximo o la próxima procuradora que asuma el puesto.
Entre estos procesos judiciales se encuentran los muy conocidos Odebrecht, Super Tucano, Los Tres Brazos, Omsa y el más reciente Inaipi.
Iniciando por orden está el caso Super Tucano, que es el que más ha durado en los tribunales e inició en el mismo año en el que Rodríguez asumió el cargo, en 2016.
A pesar de todo este tiempo, este proceso judicial por los 3.5 millones de dólares que la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) admitió haber pagado en sobornos para la compra y venta de ocho aviones Super Tucano aún no supera la etapa preliminar.
Los imputados son el exministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; el exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, coronel Carlos Piccini Núñez. Además, los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
Otro de los casos más sonados es Odebrecht, que estalló en junio de 2017. En principio por los 92 millones de dólares que supuestamente pagó en soborno la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación de varias obras en el país, fueron sometidos 14 personas, después quedaron siete y cuando se terminó la audiencia preliminar, quedaron seis. El proceso ha sido bastante largo. Todavía no ha iniciado el juicio de fondo.
En enero de este año, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que conoció la preparación del debate, fase previa a iniciarse el juicio de fondo declinó el caso, desde la jurisdicción privilegiada hacia la ordinaria para cinco de los imputados. Mientras que para otro lo remitió a la Sala Penal de la SCJ.
Los implicados en este caso son los exfuncionarios Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, el senador Tommy Galán, el empresario Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga.
Otro de los casos que no tienen fin, y surgió durante la gestión de Rodríguez es el de los supuestos actos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que presuntamente produjo el asesinato del abogado Yuniol Ramírez.
Inició en octubre de 2017 y ha “dado más vuelta que un trompo”. Todavía no ha superado la etapa preliminar.
Por los actos de corrupción fueron sometidos tres personas. Ellos son Manuel Rivas, exdirector de la OMSA, Faustino Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA. Mientras que por la muerte de Ramírez, están el prófugo Argenis Contreras, José Mercado, alias El Grande; Víctor Ravelo, alias El Herrero; Jorge Luis Abreu Fabian, alias El Taxista; Heidy Carolina Peña y Lilian Suarez Jáquez.
A la lista se le suma el caso conocido como Los Tres Brazos, que salió a la luz en junio de 2018. El proceso judicial seguido por la presunta venta irregular de los terrenos de este sector de Santo Domingo Este, con sus moradores residiendo allí, todavía no ha podido iniciar con la audiencia preliminar.
Los imputados son el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar Objío; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico. Además, Rosabel Castillo, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional; las empresas Proyecciones Gowi S.R.L. e INFEPA.
Y el más reciente es el de la presunta irregularidad cometida con una licitación “fraudulenta” para la adquisición de kits alimenticios durante el estado de emergencia en el en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
El hecho ocurrió en marzo pasado y todavía no hay nadie sometido. Por el escándalo fueron destituidos siete funcionarios y renunció la directora de la institución, Berlinesa Franco.
¿Cómo se designa al procurador general de la República?
El artículo 171 de la Constitución establece que el presidente de la República es quien designará al procurador general de la República y la mitad de sus procuradores adjuntos.
Para ser procurador general de la República o adjunto se requieren los mismos requisitos que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia, es decir, ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen y tener más de treinta y cinco años de edad; hallarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; ser licenciado o doctor en Derecho; y haber ejercido durante por lo menos doce años la profesión de abogado, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público. Estos períodos podrán acumularse.
La Carta Magan también indica que la función de representante del Ministerio Público es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente y, mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, no podrán optar por ningún cargo electivo público ni participar en actividad político partidista.
Sobre Jean Alain Rodríguez
Rodríguez es licenciado en Derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Tras culminar allí completó tres maestrías en Derecho en La Sorbonne (Paris), La Sapienza (Roma) y la Escuela Superior de Administración Pública (Roma), incluyendo una en Derecho Penal de la Administración Pública con honores máximos.
Ha sido catedrático de Derecho en las facultades del país por más de 10 años y domina los idiomas castellano, inglés, francés e italiano.
Al momento de su designación como procurador general de la República desempeñaba la función de Director Ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). Fungió como director ejecutivo del CEI-RD (2012-2016), asesor legal de la Dirección General de Aduanas (2004–2005), del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) (2004–2009) y del Ministerio de Turismo (2004–2006), abogado auxiliar de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional (1997), juez suplente y miembro de la Junta del Distrito Nacional (2010–2012).
El perfil de Rodríguez publicado en la página web de la Procuraduría General de la República establece que es militante y miembro del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desde los años 90.
Desde entonces, ha desempeñado su rol de miembro y dirigente, contribuyendo en las campañas presidenciales de 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016. En algunas de estas campañas, fue designado como Coordinador nacional de proyectos de envergadura, presidió movimientos externos de apoyo nacional, integró los equipos técnicos, la Coordinadora de Movimientos Externos, el Comité para los Actos de Transición, entre otras funciones de relevancia.
En el año 2014, fue electo miembro del Comité Central del PLD, con más de 77,000 votos.
