El conflicto que ha generado el cierre de los tribunales y la aplicación de las audiencias y procesos virtuales continúa.
Ayer, un grupo juristas del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) aseguró que “la justicia está secuestrada”.
Los togados se apostaron ayer frente al edificio que aloja la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en demanda de que se reabran los tribunales y las actividades de manera presencial.
El presidente del gremio, Miguel Surún, aseguró que como el estado de emergencia vence el 1 de julio, y no van a solicitar una prórroga, al día siguiente el Poder Judicial tiene la obligación de abrir los tribunales de forma presencial, y no continuar con la virtualidad en su totalidad.
“En el día de ayer se anunció que no iba a haber una prórroga del estado de emergencia, advertimos al Consejo del Poder Judicial, al Poder Judicial en su conjunto, que a partir del día 2 de julio su obligación constitucional de administrar justicia mediante tribunales abiertos presenciales comienza y que el Colegio utilizará, como lo está utilizando, todas las acciones legales, presión social, y acciones contundentes, locales e internacionales, para denunciar la violación flagrante a los derechos fundamentales de los abogados, de la sociedad y de todos los dominicanos en su conjunto”, expresó Surún.
CIerre definitivo de 60 tribunales
Denunció que existe un plan para cerrar definitivamente más de 60 tribunales de Justicia a nivel nacional.
“Nosotros como Colegio estamos llamando a la sociedad en su conjunto para que todos nos levantemos con las intenciones de cerrar de manera definitiva más de 60 palacios e instalaciones de justicia en la república dominicana y dejar privado de acceso inmediato a la justicia a la gran mayoría de la sociedad y los abogados”, dijo.
Dijo que mediante las audiencias y procesos virtuales están vulnerando el orden normativo, constitucionalidad y procesal.
“Controlar las decisiones a través de supuestos mecanismos de virtualidad, vulnerando el orden normativo y constitucionalidad y procesal establecido y contraviniendo acuerdos internacionales, contraviniendo principios fundamentales con es la inmediación, la contradicción, la publicidad, inclusive rechazada por organismos internacionales”, dijo.
Sostuvo, también, que la Corte Suprema de España rechazó los juicios virtuales porque violen la oralidad, la contradicción y la inmediatez.
Cierre desproporcionado viola derechos
La Fundación Justicia y Transparencia, aseguró ayer que “el cierre desproporcionado y los planes de virtualizar la justicia casi en su totalidad, daña la economía y viola derechos constitucionales de los dominicanos; quienes se encuentran restringidos y con un escaso acceso a los servicios más básicos e indispensables para la vida en sociedad”. Dijo que ve con mucha preocupación la poca movilidad y cuello de botella existente en el sector financiero.
