Luis Abinader informó el domingo que en sus recorridos ha recibido denuncias de comerciantes, pequeños y medianos empresarios, de que las facturaciones de las distribuidoras de electricidad están llegando muy altas, pese a que están cerrados.
“Tengo incluso testimonios como el de un edificio de oficinas de servicios que se encuentra cerrado, totalmente apagado, pese a lo cual están recibiendo facturas por miles de pesos, lo cual es totalmente injustificado”, reveló Abinader.

La versión del aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no es única. Muchas personas están quejándose de igual situación. Que sus pequeños negocios han disminuido al mínimo sus operaciones o están cerrados y las facturas siguen por las nubes.

Las respuestas de algunos de los afectados a tan abusiva práctica de las distribuidoras eléctricas es no pagar esas facturas que no se corresponden con la realidad.

La gente se queja de que en otra circunstancia, las distribuidoras eléctricas adelantan un monto “estimado”, o una proyección que no necesariamente concuerda con el consumo real. Son los casos de oficinas o pequeños negocios que han debido cerrar, incluso, antes de la COVID-19, y descubren que en vez de disminuir, los montos facturados aumentaron.

Lo peor de todo esto es que no hay a quién presentarle los reclamos, no sólo ahora, porque el país está en cuarentena, sino de manera sistemática. Y es que el programa de Protección al Consumidor, mejor conocido como Protecom, es una especie de muchacho menor de las distribuidoras eléctricas, pese a que es una dependencia formal de la Superintendencia de Electricidad.
Es como si existiera una complicidad de los entes estatales contra los consumidores.

El gobierno anuncia programas de protección a las micros y pequeñas empresas afectadas por la pandemia, sin embargo, en ningún caso se refiere a las intocables distribuidoras eléctricas y sus abusos contra sus clientes.

El candidato Abinader ha hecho muy bien en ser portavoz de quienes han devenido en dobles víctimas, de la pérdida de sus negocios por el cierre provocado por la COVID-19, y por los abusos de las distribuidoras eléctricas, que arruinan sus finanzas con montos facturados impagables.

Esas facturas no deben ser honradas. Deben ser revaluadas por las distribuidoras eléctricas. Pero si la gente no se empodera, nadie hará nada.

Posted in Editorial

Más de opiniones

Más leídas de opiniones

Las Más leídas