Santo Domingo.- Más de 30 profesores de Derecho, de diferentes universidades del país, expresaron su preocupación por el proceder de las autoridades dominicanas frente a la población, en el marco de las normas particulares que rigen el presente estado de emergencia.
“No basta una ley que disponga las medidas sancionatorias por la conducta de violar el toque de queda, sino que, además, las sanciones deben ser razonables y deben atender a la finalidad que se procura con la limitación al derecho humano de que se trate”. Igualmente recalcaron que “las libertades de tránsito, de reunión y de asociación solo pueden ser regulados por el legislador; por lo que, hasta tanto el Poder Legislativo no emita una ley que disponga las consecuencias a las violaciones al toque de queda, las autoridades policiales y militares no deben incurrir en prácticas ilegales, que se traducen en arbitrariedades y formas de tortura, contrarias al texto constitucional” expresaron los docentes en un comunicado.
En el documento, enfatizan que debe establecerse un marco legal claro, pues el derecho a la libertad personal no ha sido suspendido, porque la privación de libertad es la excepción y la regla es la libertad.
Advirtieron que se ha denunciado un uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza y prácticas denigrantes, así como la imposición irregular de sanciones pecuniarias y la confiscación o secuestro de bienes, todo sin que ninguna ley regule tales actos. Afirman que esas actuaciones deben ser detenidas y el Estado, en su conjunto, tiene la obligación de instruir a sus funcionarios sobre la mejora de sus prácticas y proveerles de un marco legal adecuado para las actuaciones en procura de la disminución de los contagios y la lucha contra la propagación de la enfermedad.
Los docentes firmantes consideran “que las autoridades municipales, policiales y militares deben abstenerse de realizar usos desproporcionados de la fuerza, de la aplicación o cobro de sanciones económicas, de incautar o secuestrar bienes de las personas y de las restricciones ilegales a la libertad, ya que estas prácticas sin base legal, vulnera derechos fundamentales de las personas. Solo mediante ley pueden imponerse tales medidas, pues un decreto, como acto administrativo que emite el presidente de la República, no es un instrumento normativo válido para la limitación de derechos humanos”.
En tal sentido, recomendaron a las autoridades competentes: 1. que se abstengan de realizar uso desproporcional de la fuerza, imposición y cobro de sanciones económicas, restricciones a la libertad y secuestro de bienes, como medidas para enfrentar la violación al toque de queda; y 2. que el Poder Legislativo se reúna con urgencia, y adopte leyes que contemplen las medidas sancionatorias –no necesariamente penales– que sean razonables y constituyan el medio idóneo para conseguir el objetivo que persigue la declaratoria del estado de emergencia, esto es, detener la propagación del virus COVID-19.
