El departamento de Estado de los Estados Unidos emitió su informe sobre el estado de los derechos humanos y la gobernanza en República Dominicana, con un balance bastante crítico frente a la Administración.
Nueva vez nos encontramos con la triste realidad de que a este tipo de informe el gobierno nacional, en toda época, suele atribuirle más importancia que a las quejas ciudadanas cotidianas, precisamente sobre incumplimientos y violaciones domésticas que ameritan iniciativas para corregir y mejorar sus políticas, especialmente en materia de derechos.
Pero poca es la atención a las quejas sobre excesos, abusos y violaciones de que son víctimas los ciudadanos y las faltas reiteradas en el cumplimiento del deber de la administración pública.
Sin embargo, los hechos presentados por el descarnado informe norteamericano se levantan acusadoramente cuando debieron recibir respuestas oportunas.
El reporte incluye “informes de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno; detención arbitraria; condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales; interferencia arbitraria con la privacidad; graves problemas con la independencia del poder judicial; difamación criminal para periodistas individuales; grave corrupción gubernamental; violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI); y trabajo forzado e infantil”, los cuales especifica detalladamente.
Y comenta que “el gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios”.
El panorama revela un estado de situación característico de un gobierno de fuerza a base de la acumulación de tantos problemas que nunca recibieron respuestas, y que el Departamento de Estado sistematiza de cara al gobierno nacional.
El aprendizaje sería que las autoridades deben ser más sensibles ante las denuncias de abusos y excesos policiales, la corrupción, la disminución de derechos individuales y colectivos, o la hostilidad hacia inmigrantes extranjeros y la cíclica intolerancia hacia la libre expresión.
La justicia igual entra al informe del Departamento de Estado: “el gobierno no respetó la independencia judicial y la imparcialidad. La influencia inadecuada en las decisiones judiciales fue generalizada… El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial es un problema grave”.
