Santiago de Chile. El tráfico de inmigrantes en Chile se multiplicó por 14 en los últimos dos años, algo que las organizaciones de derechos humanos achacan a la “rigidez” de la ley migratoria del país, la más antigua de Suramérica, y a las medidas decretadas por el actual Gobierno del conservador Sebastián Piñera.
Según un reporte de la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Chile (Bitrap), un total de 376 personas fueron víctimas de tráfico de migrantes en 2019, frente a las 27 víctimas de 2017.
El secretario general de la Coordinadora de Migrantes de Chile, Rodolfo Noriega, explicó a Efe que este incremento se debe a la “rigidez” de la ley que regula los flujos migratorios -y que data de 1975-, pero “aún más a las medidas que ha tomado el actual Gobierno para restringir el acceso a extranjeros”. En abril de 2018, Piñera inició una campaña que buscaba regular las actividades migratorias del país bajo el polémico lema “ordenar la casa” emitiendo una serie de decretos que restringieron la otorgación de visados a los extranjeros.
Para el director del área de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, Juan Pablo Ramaciotti, los decretos produjeron una disminución del ingreso de extranjeros por cauces regulares pero “aumentaron los ingresos por pasos no habilitados y las bandas de tráfico y de trata de inmigrantes”.
Entre las medidas del Ejecutivo, figuró la de imponer restricciones especiales a los extranjeros de Haití y Venezuela, dos de los tres países de los que Chile recibe más inmigrantes, impidiéndoles ingresar como turistas sin la necesidad de un visado consular como el resto de extranjeros.
Según explicó a Efe la experta en Migración de la Universidad de Chile María Emilia Tijoux, el sistema de visa diferenciado de los venezolanos perjudicó especialmente a los que llegaron en condiciones menos favorecidas, lo que provocó que “los más pobres se quedaran bloqueados en la frontera, maltratados”. Sin embargo, agregó la experta, es la comunidad haitiana la que sufre los problemas “más graves”, porque se les bloqueó la reunificación familiar, otorgándoles visados solo a los que vienen a hacer turismo.
La herencia de la dictadura
Además de los decretos gubernamentales, en Chile el flujo migratorio está regulado por la normativa de extranjería más antigua de Suramérica, promulgada en 1975 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Esta regulación es restrictiva porque “se basa en la seguridad interior” y agregó que además, la verdadera intención cuando se creó era la de “evitar que volviera la gente que se había exiliado durante la dictadura”. El Departamento de Extranjería y Migración estima que en 2018 más de 1,500,000 migrantes llegaron a la frontera chilena con la expectativa de instalarse en el país.
