La Policía mantiene detenidos a Manuel Regalado Martínez, técnico en comunicaciones que labora en el departamento de Prevención, Fraudes y Delitos de Claro y al coronel policial Ramón Antonio Guzmán Peralta, y los acusa de una supuesta complicidad en los hechos que terminaron derrumbando el sistema de votación automatizada de la Junta Central Electoral (JCE) para las elecciones del pasado día 16 de este mes.
La Policía los sindica como “colaboradores” de una trama criminal contra el montaje de las elecciones. Pasan las horas, pero el Ministerio Público no presenta acusación formal y los mantiene encerrados en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Hemos leído la transcripción de ayer del diario Hoy de la entrevista de Alicia Ortega a Manuel Regalado Martínez. Es dramáticamente reveladora de cómo fue sometido a atropellos, a vejámenes brutales. Lo “acariciaron”. Querían una confesión conveniente.
Sus relatos descalifican el interrogatorio y la investigación misma. Es más que evidente el proceder al margen de la ley. Se ha pretendido conseguir una “prueba” mediante métodos violentos, de manera ilícita que incluyó claramente la tortura. Fue detenido sano y entregado con traumatismos en un hombro y un esguince en un pie.
“Alicia Ortega, yo llegué a la una de la mañana… y después de diez horas de un interrogatorio por varias personas, más de ocho; interrogatorio no, yo no sé ni cómo describirte, yo colapsé y al despertar estaba una persona diciéndome: “¡No te hagas!”
Mientras sus manos golpeaban mi rostro. ¿Qué te puedo decir de esto?”, es parte del relato de Regalado.
Estamos ante una típica escena de horror, propia de gobiernos de fuerza. Lo abusaron, lo torturaron. Sólo eso es suficiente para constituirse como medio de exclusión probatoria. En esa condición, como dice el artículo 167 del Código Procesal Penal, ninguna “prueba” puede “ser apreciada para fundar una decisión judicial, ni utilizada como presupuesto de ella”. Ninguna prueba recogida con inobservancia de las formas y condiciones que impliquen violación de derechos y garantías del imputado, previstos en la Constitución de la República, los tratados internacionales, tiene valor alguno ante una justicia verdadera.
Parece que estamos nueva vez ante la instrumentación del poder con propósitos políticos convenientes. Deben tener mucho cuidado.
