Una nueva etapa se abre en la vida política dominicana. La expresión visible es la fase en que ha caído el mecanismo de renovación de las autoridades en el nivel municipal.

Lo ocurrido el domingo pasado puede ser visto por algunos como un incidente. Pero fue un hecho grave que trastornó el curso de la vida institucional. Quizás no se den cuenta, pero ese acontecimiento, si no se valora en la dimensión debida, puede dar pie a imponderables que nadie puede predecir. Va a depender de la visión y perspectiva de los actores políticos, sociales y económicos.

La alteración de la programación de las elecciones, y con ella, en principio, el proceso de renovación del gobierno como manda la Constitución, es un baldón, pero al mismo tiempo, un alerta para quienes tienen responsabilidades en el direccionamiento de la vida institucional, sean líderes políticos o las autoridades nacionales.

La convocatoria a las mismas elecciones para el 15 de marzo es la primera medida dirigida a esclarecer el panorama. Varias organizaciones han expresado su acuerdo, pero otras entienden que fue una decisión de la Junta Central Electoral (JCE) que debió ser adoptada mediante el consenso.

La convocatoria es un paso por el camino correcto. Pero la JCE debe cuidarse de su vocación a la unilateralidad. Tiene sus potestades, pero se asume como un órgano democrático que debe considerar la consulta a los actores políticos como una regla preferente.

La convocatoria a nuevas elecciones entraña costos para los partidos. Esa es una materia a considerar, sobre todo, para los opositores, que compiten en desventaja con quienes detentan el poder. El financiamiento de los partidos es también una regla del sistema político. La JCE debe definir esa cuestión.

Lo ocurrido con el fracaso del voto automatizado es un misterio. Debe ser esclarecido, pero debe tenerse mucho cuidado con una instrumentación conveniente. La Junta debe propiciar que la investigación no sea contaminada. Hay intereses que pueden buscar ese fin.

La oposición reclama una recomposición de áreas sensibles en la JCE. Es un tema a valorar. Nada debe decidirse a la ligera.

Aunque no se perciba del todo, y las aguas empiecen a bajar, al país le siguen asechando peligros. Evitémoslos.

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