La historia dominicana acaba de registrar un acontecimiento conducente a una crisis institucional, a consecuencia del incumplimiento de un mandato previsto en la Constitución: la celebración de las elecciones municipales cada 4 años, el tercer domingo de febrero, en este caso, el pasado domingo, como establece el artículo 209.
Los factores que condujeron a esta delicada situación se visibilizan superficialmente en el fallo del sistema de votación automatizado. Sin embargo, el colapso podría originarse en la sinrazón, en la persistencia que rayó en la obstinación, de imponer un procedimiento objetado de múltiples maneras, a partir de la experiencia en otros países.
Ahora, procede que las autoridades electorales y los actores políticos, todos, empiecen a sondear una solución a este imponderable de alcance constitucional que impacta la vida de la Nación.
Ello sugiere un diálogo en un país donde los adversarios políticos difícilmente se sientan en una mesa, lo que supone una labor de mediación de alto nivel, que si resulta posible la encaminen representantes de organismos internacionales.
La ley electoral 15-19 no supone un escenario de suspensión de unas elecciones generales, congresuales o municipales. A lo sumo, se prevé, según el artículo 261, un supuesto de anulación en uno o más colegios, para lo cual se sugiere un procedimiento que involucra al Tribunal Superior Electoral (TSE).
Pero estamos ante una interrupción de unas elecciones municipales generales. En la comprensión del hecho sin precedentes en la historia de la democracia moderna dominicana, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) prefirió hablar de la “suspensión” de las elecciones municipales generales, lo que supone que se desarrollarán eventualmente.
La sociedad defraudada requiere una explicación que detalle con propiedad qué fue lo que realmente sucedió con el “robusto” sistema de votación automatizada, especialmente después que fue defendido a capa y espada como lo mejor, por su seguridad, funcionalidad y eficiencia para unas elecciones transparentes y confiables.
Es lamentable el gasto de US$19 Millones en ese sistema, y RD$3,200 MM en el montaje.
Pero lo peor es el daño institucional.
Ahora es necesario un acuerdo nacional para celebrar las elecciones municipales lo más pronto posible, en atención al mandato constitucional y por la paz en la República.
