En el primer cuatrimestre o en los primeros dos años de gobierno han sido presentadas las propuestas fiscales
La presentación de reformas impositivas globales o proyectos para crear impuestos individuales ha sido un común denominador en la primera mitad de los periodos gubernamentales que ha tenido el país del 1978 al 2012.
Las principales propuestas han sido sometidas en los primeros seis meses de la nueva gestión gubernamental. También ha habido administraciones que se han caracterizado por hacer sus arreglos fiscales en los primeros dos años de gestión.
Hace una semana un economista de la representación local del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) exhortó al país a lograr un pacto fiscal para inicio del 2020, sugerencia que de ser acogida sería la continuación de una tendencia que lleva más de cuatro décadas. El economista Donald Guerrero Ortiz, que como ministro de Hacienda es el encargado de diseñar la política fiscal del Gobierno, dijo al respecto que cualquier decisión sobre pacto o reforma fiscal le corresponderá tomarla al próximo gobierno.
Mientras tanto, no todas las iniciativas impositivas de los gobiernos entrantes han sido aprobadas. En el 1980 el gobierno presidido por Antonio Guzmán buscó incorporar la categoría de Impuesto al Valor Agregado (IVA) al sistema impositivo dominicano, para entonces muy dependiente de los impuestos al comercio exterior y a un rezagado Impuesto sobre los ingresos. Para entonces, el IVA era el impuesto de moda en la mayoría de los sistemas impositivos latinoamericanos. En el Congreso Nacional la iniciativa del Poder Ejecutivo no logró apoyo.
Comportamiento
Dos años más tarde, durante los primeros seis meses del gobierno del presidente Salvador Jorge Blanco se incorporó el IVA al sistema impositivo dominicano, pero bajo el nombre de Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados (ITBI).
Fue aprobado, a finales del 1982, con una tasa inicial de 6% y limitado a los bienes industrializados. Su aplicación comenzó en el primer semestre del 1983.
Desde entonces, el impuesto, que es ya la principal figura impositiva del país, ha experimentado cuatro aumentos de tasas y ha sido extendido a los servicios (ahora se llama impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS).
La tasa actual, una de las más elevadas de la región para impuestos similares, es de 18%. Tiene exentos varios bienes y servicios, como agua, electricidad, educación y medicina, entre otros. Las exenciones representan alrededor de tres puntos porcentuales del PIB.
La administración gubernamental que inició en 1986 (la del retorno a la Presidencia de la República del doctor Balaguer) no ejecutó, en el primer año ningún proyecto de reforma impositiva importante, aunque para el 1988 estableció un impuesto a las viviendas suntuarias y solares, dando lugar a lo que hoy es el IPI, con lo que dirigió la tributación por el lado del patrimonio o riqueza, una de las tres grandes fuentes susceptibles de ser gravadas con impuestos.
En el siguiente periodo gubernamental, el 1990-1994, se presentó, a casi dos años después de haber comenzado, la que ha sido considerada como la más importante y completa reforma fiscal, la cual dio lugar al vigente Código Tributario creado por la ley 11-92. Esa reforma incluyó el primer aumento de tasa al ITBIS, llevada de 6 a 8%. Ese fue el periodo de las grandes reformas estructurales hechas en la economía dominicana. Abarcó, entre otras, las áreas laboral y arancelaria. En el próximo periodo gubernamental, que por la crisis política surgida de las elecciones de mayo del 1994, quedó reducido a dos años (1994-1996), no hubo incursiones importantes. Pero en el siguiente cuatrienio gubernamental, el primero de los tres que ejerció el doctor Leonel Fernández, se presentó un ambicioso proyecto impositivo que fue bautizado como el “Paquetazo”, preparado o sugerido por la Fundación Economía y Desarrollo. La propuesta, que sustentaría parte de los ingresos que financiarían el proyecto de Presupuesto General del Estado del 1997, no logró la aprobación del Congreso, lo que también hizo metástasis en el Presupuesto, que tampoco fue aprobado y el Gobierno tuvo que aplicar el del 1996, un modelo diseñado al “estilo balaguerista”, que privilegiaba los gastos de capital sobre los corrientes.
Por la postura del Congreso, dominado por la oposición, en el periodo 1996-2000, no hubo reforma impositiva ni impuestos importantes nuevos. Solo tentativas.
En la administración gubernamental que se estrenó en el nuevo siglo (2000-2004) hubo desde el inicio de la gestión incursión importante en materia impositiva, con la reforma del sector combustibles a través de la Ley de Hidrocarburos, la número 112-00, del 29 de noviembre del 2000. Ese impuesto, que comenzó con una tasa fija de 18 pesos por cada galón de gasolina prémium, 15 por la tipo regular, RD$6.30; para el gasoil prémium u óptimo y RD$5.0 para el tipo regular, abrió las puertas para posteriores cargas impositivas a los hidrocarburos, posibilitando la segunda mayor fuente de recaudación vía impuestos al consumo.
Los últimos tres presidentes, fiscalistas
La administración 2000-2004, correspondiente al gobierno presidido por Hipólito Mejía, dejó servida la mesa para que la gestión del período 2004-2008, se embarcara en una profunda reforma impositiva. Esa gestión firmó el acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica ( DR-CAFTA), que implicó la eliminación programada de los aranceles a las importaciones provenientes de esos países signatarios. Como el grueso de las importaciones del país procedía de los Estados Unidos y los impuestos al comercio exterior representaban cerca del 40% de las recaudaciones fiscales, la segunda gestión del doctor Leonel Fernández, estuvo compelida a realizar una reforma fiscal “compensatoria”, la cual incluyó figuras como el impuesto a la primera placa, con una tasa del 16% del valor del vehículo. Y en el 2012, Medina mediante la ley 253-12, realizó una reforma fiscal que dejó en suspenso algunas figuras creadas.
