El destacado periodista Marino Zapete no está siendo objeto de persecución por sus ideas que molestan o inquietan al Gobierno, porque si así fuera no saliera de los tribunales. Él ha sido sometido por una ciudadana a la que ha acusado de recibir contratos del Estado otorgados supuestamente violando las leyes establecidas. Es una acusación muy específica que la persona afectada ha llevado a la justicia por entender que perjudica su honra y la de su familia.
El señor Zapete sostiene tener las pruebas para demostrarlo y se negó a retractarse. Por eso, el mejor escenario para hacerlo se lo ha brindado su acusadora al llevar el caso a un tribunal. La acción en su contra en modo alguno implica una violación de sus derechos como periodista y mucho menos un ataque a la libertad de prensa o la libre expresión del pensamiento y quienes creen lo contrario no le prestan ningún servicio a esas libertades fundamentales del sistema democrático, como tampoco al periodismo.
Cuando se sintió agraviado por otro colega, el periodista llevó su queja ante un tribunal que le dio ganancia de causa y la acción no movilizó ninguna protesta en los círculos periodísticos o de la sociedad civil, porque en aquella ocasión, como en esta, no se trataba de un acto de persecución política. Quienes ejercen el periodismo no están exentos de responsabilidad por sus excesos.
Las leyes son de universal cumplimiento y nadie, absolutamente nadie, está por encima de ellas. Naturalmente, por afirmarlo me caerán rayos y centellas; los muy conocidos estereotipos propios de la incapacidad para el debate, sin que alguien diga que con ello se violen mis derechos de decir lo que pienso y defender lo que creo.
La prensa, como institución, ha declinado la tarea de fijar los límites de su responsabilidad. Por eso se escuchan y leen en los medios todos los despropósitos que lesionan su reputación y los fundamentos de su existencia.
