El proyecto de Ley de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos, no ha sido conocido en la Cámara de Diputados en esta legislatura, desde que fuera aprobado en julio de este año en el Senado de la República.
La iniciativa que sería una herramienta para el Estado recuperar las propiedades originadas o vinculadas a con actividades delictivas, fue aprobada por el Senado y enviada a la comisión de Justicia el pasado 10 de septiembre.
A propósito del apresamiento de César Emilio Peralta (César El Abusador), acusado de ser el capo de las drogas más buscado por las autoridades nacionales e internacionales en los últimos años y debido a las desarticulaciones recientes del crimen organizado, la Fundación Institucionalidad y Justicia planteó la necesidad de que el país cuente con dicha ley.
No es la primera vez que la Finjus y miembros de la comunidad jurídica nacional hacen el llamado. De hecho, a cada tanto que se descubre o se desarticula una banda de narcotraficantes se desempolva este tema.
La propuesta ha sido aprobada en diferentes ocasiones por ambas cámaras y el presidente de la República, Danilo Medina, en su discurso a la nación en el 2017 pidió al Congreso Nacional la aprobación de esta ley.
Ese mismo año, la Comisión de Justicia y del Senado, designó una comisión “Ad hoc” de juristas para ultimar detalles de dicho proyecto integrada por Manuel Ulises Bonnelly, Olivo Rodríguez Huertas y Ricardo Rojas León. En esa fecha Rojas León explicó que además la aprobación de esta ley respondía a una recomendación de Acción Financiera Internacional, así como la modificación a la ley de Lavados de Activos que fue aprobada posteriormente.
Pero, ¿de qué se trata la extinción de dominio? Esta se caracteriza por hacerle juicio a la propiedad, en vez de a la persona, la figura jurídica procura determinar o juzgar la licitud o falta de la misma de bienes que forman parte de algún expediente criminal, explicó el jurista en el informe.
