Las ocupaciones ilegales

Nada afecta la libre empresa como la virtual usurpación de la propiedad privada mediante la ocupación ilegal de fincas, solares y edificio por gente desaprensiva que se escuda en el falso derecho de hacerlo en su condición de “padre de familia”. Hay cientos de casos que lo confirman en las principales ciudades y en las zonas agrícolas y ganaderas. Numerosos planes de desarrollo, en el ámbito turístico, industrial y comercial, han sido paralizados en las últimas décadas por esta práctica convertida en un sistema de hecho legalizado por la incompetencia de los tribunales y la apatía de funcionarios públicos que nada hacen para corregir esas invasiones irregulares.

Abogados y personas que se creen muy poderosas por sus vínculos con esferas de poder han hecho de esta práctica uno de los negocios más lucrativos del país. Se de numerosos casos de alquiler de inmuebles, para vivienda y negocios, cuyos ocupantes no pagan sus obligaciones y terminan virtualmente adueñándose de la propiedad. Los procesos de desalojo de esas ocupaciones ilegales duran años y cuestan a los legítimos propietarios cantidades enormes de dinero en procesos interminables en la justicia.

En los casos en que esas propiedades son devueltas a sus dueños, el deterioro en que las recuperan es de tal magnitud que su uso posterior requiere también de enormes sumas. Sucede que en el proceso muchas de esas propiedades se convierten en arrabales, con lo cual pierden buena parte de su valor real. Así, las ciudades y sus lugares más emblemáticos dejan de serlo, afectando de este modo su potencial, sea en el ámbito turístico como residencial o comercial.

En el país funcionan verdaderas mafias de abogados y cómplices que adquieren casos de desahucios laborales para extorsionar a empresas, lo que afecta sensiblemente la actividad económica y las oportunidades de empleo. Práctica dañina y odiosa que debe terminar.

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