La ciudadanía está convocada para una consulta cívica el 16 de febrero, en la cual deberá escoger sus autoridades locales, alcaldes, encargados de juntas distritales y miembros de las salas capitulares.
Hablamos de elegir a las autoridades que gestionarán el territorio de una demarcación en aspectos esenciales para la vida de la gente. Servicios fundamentales que con el paso del tiempo, se han ido reduciendo, en gran medida por la vocación centralista del gobierno nacional.

Una buena municipalidad debería tener políticas sobre seguridad ciudadana, manejo y disposición de los desechos, y por extensión, el cuidado del medio ambiente, desarrollo urbano, uso adecuado del territorio o de los suelos, y con ello, los espacios de habitabilidad. Además, la preservación de los sitios, bienes o patrimonios históricos y culturales.

Como se trata del gobierno local, la ley 176-07 de municipios, estimula y presume la participación de los ciudadanos en la gestión local y esencialmente en la formulación de los programas y políticas de inversión para la mejoría del hábitat.

Como el municipio es la unidad primaria y de gobernanza de la República, conviene según la ley que el gobierno local se desempeñe con autonomía para el desarrollo de sus políticas.

Para todo eso, se requieren buenos gerentes, lo que significa una elección de ciudadanos dignos, capaces, y como tales, honrados.

Pero en la lucha avasalladora por el poder total, todo eso queda reducido a un mero concepto, y si se discute, se acepta como retórica. Se aspira a controlarlos desde la perspectiva de las expresiones o formaciones políticas nacionales.

Los ciudadanos no escogen a los más calificados, sino la propuesta del partido, que suele verlo como una instancia más de dominación para colocar sus cuadros. O una fuente más de empleos convenientes a la militancia.

Es ahí el afán de ganarlo todo. Todos los municipios, uno por uno. En esa competencia no resulta elegido el ciudadano con mayor potencial para la gestión, sino quien tenga más dinero, y cuente con el aval del partido más poderoso.

Entonces, asistimos a gobiernos locales maleados por la corrupción desde sus orígenes, todo en detrimento de la ciudadanía.

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