Procurador asegura siempre son revisados acuerdos con agresores

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró este martes que siempre han auditado los acuerdos que con los cuales se benefician a hombres agresores para salir de prisión y determinar si los mismos fueron llevados a cabo sin violar los protocolos.

Al ser preguntado sobre su repuesta a la solicitud de algunos sectores de que se revisen los acuerdos existentes debido a que tras la firma de al menos dos de estos, que han salido a relucir, los agresores han matado a sus respectivas parejas, Rodríguez indicó que “siempre se ha hecho” de manera frecuente.

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 “Eso siempre se ha hecho. Y los acuerdos es algo que lo contempla la ley, el Código Procesal Penal, en estos casos particulares sucedieron violaciones, que de nuevo, nunca se ha habían hecho (las revisiones) y lo hicimos nosotros y dijimos que habían ocasiones en las cuales esos acuerdos nunca debieron  materializarse como es el caso de cuando hay un intento de homicidio, caramba ¿cómo van a hacer un acuerdo si hay un intento de homicidio?”, sostuvo.

Añadió que estos acuerdos donde se violan las normas establecidas han sido prohibidos en su gestión.

 “Eso no solamente no lo manda la ley, sino que ya lo habíamos prohibido de manera expresa y todo eso siempre es auditado de manera consuetudinaria”, expresó.

El funcionario afirmó que también existen protocolos para establecer si un acuerdo se puede llevar a cabo o no y que sea lo más objetivo posible.

“Todo eso ya está hecho lo que hay es que mejorarlo continuamente y que sea aplicado, porque las leyes, las normas están para aplicarse”, agregó.

Dos casos de acuerdos irregulares con agresores que luego de ser dejados en libertad han matado a  sus parejas, han salido a relucir en los últimos meses, y en los cuales está implicada la suspendida coordinadora de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales

Hernández Morales  fue sometida por supuestamente cometer los delitos de asociación de malhechores, soborno, prevaricación, falsificación de documentos y uso de documentos falsos.

Contra ella se dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Mujeres.

El 31 de agosto de este año, la abogada Aníbel González fue asesinada a tiros por su expareja, el empresario Yasmil Oscar Fernández Estévez (Rey), en San Pedro de Macorís y quien había intentado consumar el crimen un año antes hiriéndola gravemente con un arma blanca.

Fernández Estévez salió de la cárcel antes de consumar el crimen a través de un supuesto acuerdo con la víctima. Luego se determinó que se había falsificado la firma de González.

A principios de este mes sucedió el mismo caso con Juana Domínguez Salas, quien fue ultimada por su pareja también en San Pedro de Macorís. Su feminicida     salió de prisión recientemente por haberle propinado once puñaladas hace dos años.

La Procuraduría Genera de la República (PGR) ha dicho que varias semanas antes de ocurrir el crimen de Juana Domínguez Salas, el pasado 4 de noviembre el órgano de justicia había iniciado la investigación del proceso judicial seguido contra su victimario, Johan Manuel Ramírez, quien le provocó la muerte a su pareja luego de ser beneficiado con un acuerdo, que igualmente fue homologado por un juez.

Explicó que en el caso de Anibel González, quien falleció de varios disparos de arma de fuego el pasado mes de agosto, propinados por su expareja Yasmil Oscal Fernández, la encartada Hernández Morales se habría asociado al abogado Alexis Chanel Aponte Montás para cometer el ilícito de falsificar el acuerdo y presentarlo como válido ante el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís en juicio oral, público y contradictorio, lo cual además de constituir una violación a leyes penales, también constituye una violación a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11.

Mientras que en el caso de Juana Domínguez Salas, quien murió a consecuencia de asfixia por sofocación que le habría ocasionado su pareja Johan Manuel Ramírez, la PGR indicó que en el transcurso de las investigaciones se pudo establecer que dicho imputado, quien cumple prisión preventiva por el crimen, le habría entregado a Margarita Hernández Morales la suma de RD$150 mil para que esta procediera a beneficiarlo con un acuerdo penal abreviado, bajo las mismas condiciones que el de Oscar Yasmil Fernández.

Añadió  que el acuerdo mediante el cual el imputado Ramírez obtuvo su libertad habría sido firmado por Hernández Morales y el abogado del hoy feminicida Ramón Leonardo Sánchez Reyes, de la misma oficina de abogados de Aponte Montás.

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