Una limpieza

    Como van las cosas, el procedimiento penal abreviado contemplado en los artículos 363 hasta 368 en el Código Procesal Penal terminará desacreditado como mecanismo alternativo para la solución de delitos y crímenes cuya penalidad sea menor a cinco años de prisión y que el imputado admita la comisión del hecho sancionable.

    Fundamentado en la participación libre de las partes envueltas en el conflicto, con un rol protagónico y decisivo del representante del Ministerio Público, que lo patrocina ante el juez o el tribunal, el procedimiento puede degenerar como se ha visto en un fraude eficiente para el dolo.

    Desde los primeros años de vigencia del Código Procesal Penal se entendía que estábamos ante un nuevo instrumento para agilizar la administración judicial, y que su aplicación se sujetaría a reglas muy específicas, con un principal garante, el representante de la sociedad.

    El presupuesto de la ley es clarísimo, pero lamentablemente, la corrupción que lo permea todo ha dañado su aplicación en ciertos casos. Y sólo cuando se destapa un escándalo que envuelve la vida humana, entonces empieza a percibirse el pus de un sistema corrompido increíblemente por sus administradores.

    Lo que viene pasando con el procedimiento penal abreviado es sólo el reflejo de un problema que afecta al Ministerio Público y cada cierto tiempo se devela cuando un fiscal corrupto es descubierto como agente del crimen.

    El nuevo caso de la directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, la misma fiscal que aprobó el “acuerdo” que posibilitó la libertad de Oscar Yasmil Fernández, el hombre que asesinó a Anibel González, sugiere un entramado que recurre al procedimiento abreviado para cometer felonías.

    Probablemente, ese accionar no es único de San Pedro de Macorís. Podrán investigar ahora el arreglo que permitió la libertad de Johan Manuel Ramírez que condujo al asesinato de Juana Domínguez Salas y quizás conseguir las condenas, pero lo importante sería que la Procuraduría General de la República reconozca que la corrupción corroe parte de su cuerpo de fiscales, y en consecuencia, proceda a realizar una limpieza seria a nivel nacional.

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