Desde el ámbito de la Seguridad Social surgieron ayer dos noticias de contraste. Una buena y otra mala.
La buena fue la divulgación y explicación de los alcances de la resolución 482-07 aprobada la semana pasada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Esa disposición incluyó 36 nuevos procedimientos, 11 nuevos medicamentos ambulatorios, incluyendo dos de alto costo para diálisis en pacientes renales, sillas de ruedas para pacientes con discapacidad e incrementó de RD$300 a RD$500 los honorarios que reciben los médicos por cada consulta ambulatoria.
Se trata de una decisión positiva porque tiende a disminuir o al menos evitar mayor gasto de bolsillo de los afiliados al Seguro Familiar de Salud. Se trata de una medida positiva pero militada porque solo abarca a los afiliados del sistema contributivo y deja para luego a los del subsidiado. Ojalá que la espera no sea larga, para que no haya discriminación en los servicios entre los afiliados a un sistema y los del otro. El ministro de Trabajo, quien es el presidente del CNSS, dijo que la inclusión de los alrededor de 4 millones de afiliados al régimen subsidiado que maneja el Seguro Nacional de Salud tendrán que esperar unos seis meses para ser beneficiado de la ampliación del servicio, porque previamente hay que aumentar la cápita que aporta el Gobierno que apenas es de RD$200.00 Hasta ahí la noticia buena o esperanzadora.
La mala refiere que el CNSS se declaró incompetente para regular los cobros irregulares que se producen en clínicas a los afiliados de régimen contributivo.
También preocupa la inacción y confesión de impotencia de las autoridades reguladoras en torno a las trabas que admiten y conocen que ponen muchos prestadores de servicios de salud “para hacer economía financiera y recibir mayores beneficios”.
Resulta muy preocupante la “realidad” descrita por el presidente del CNSS cuando dice: “Sabemos que los prestadores de servicios ponen trabas y vivimos en el juego del gato y el ratón y nosotros controlando y vigilando y ellos poniendo trabas para hacer economía financiera y recibir mayores beneficios. Es la realidad”.
Lo cierto es que se trata de una “realidad” que preocupa. Escuchar a las autoridades confesar su incompetencia para regular lo que la ley le autoriza, es sencillamente una mala señal.
