Sao Paulo.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril de 2018 en Curitiba (sur) por delitos de corrupción, desistió este lunes del beneficio de ir al régimen semiabierto al que tenía derecho por progresión de la pena y optó por un pedido de restablecimiento pleno de su libertad.
«El expresidente Lula está consciente de su derecho de pedir la progresión de régimen, pero optó por no presentar el pedido porque busca el restablecimiento de su libertad plena», señaló en un comunicado enviado a Efe el abogado del exgobernante Cristiano Zanin Martins.
De acuerdo con el abogado defensor, Lula pretende «el reconocimiento de que fue víctima de procesos corrompidos por nulidades, como la sospecha de (parcialidad) del exjuez Sergio Moro», actual ministro de Justicia del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro y quien condenó a Lula.
Lula cumple actualmente una pena de ocho años y diez meses de prisión, ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Sobre Lula ya pesa otra condena a otros doce años y once meses de cárcel en un caso muy similar, con una finca en Atibaia (interior del estado de Sao Paulo), que supuestamente fue entregada como coima, pero la sentencia fue dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda.
El exgobernante tiene otros procesos abiertos en la Justicia por igualmente asuntos de corrupción.
El expresidente siempre ha declarado su inocencia y que es víctima de una «persecución judicial» que busca evitar su regreso al poder.
La semana pasada, un juez de Brasil rechazó la denuncia presentada por la Fiscalía contra el expresidente y su hermano José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico, en un caso por el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.
La decisión fue tomada por el magistrado de primera instancia de Sao Paulo Ali Mazloum, quien no vio «causa justa para la apertura de la acción criminal» contra los acusados.
La Fiscalía de Sao Paulo presentó una querella a comienzos del mes en la que, además de Lula y su hermano, también presentó cargos contra el patriarca de Odebrecht, Emilio Odebrecht, y su hijo Marcelo Odebrecht, este último condenado ya por otros asuntos de corrupción.
La denuncia sostiene que Frei Chico, sindicalista con carrera en el sector petrolero, recibió entre 2003 y 2015 un total de 1,13 millones de reales (275.000 dólares) en pagos mensuales que oscilaban entre los 700 y los 1.200 dólares al cambio actual.
Esos pagos formaban parte de un «paquete» de «ventajas indebidas» ofrecidas a Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, a cambio de favorecer al grupo Odebrecht en la obtención de contratos públicos, de acuerdo con la Fiscalía. EFE
