Se escuchan voces en el amplio mercado de ideas en que bulle el país que parecieran sugerir la necesidad de descubrir nuevos caminos hacia el horizonte institucional dominicano. Las voces todas calificadas fundamentan esa necesidad en el “peligro” que acecha el proceso electoral en marcha por la separación de las elecciones del año que viene.
Es como si los dominicanos estuviesen profundamente dormidos durante nueve años y despiertan con el corazón en las manos, temerosos de que la torre institucional se derrumbe muy pronto y urge evitarlo.
Es una preocupación repentina que pudiera ser legítima, porque advierte sobre los peligros que supuestamente amenazan las elecciones y el estamento institucional, pero pierde de vista que el aspecto fundamental ahora es la organización de las mismas en los plazos previstos por la Constitución.
La celebración de las elecciones es un mandato constitucional, y debe ser cumplido. Con las mismas entra en funcionamiento el mecanismo por excelencia para renovar la gobernanza nacional a todos los niveles. Cualquier otra cosa es un invento que podría resultar más costoso y peligroso en términos sociales y políticos.
En tal virtud, el principal empeño del liderazgo nacional que se toma en serio sus responsabilidades debe ser el agotamiento de ese proceso. Cualquier cosa diferente puede convertirse en una verdadera amenaza para la estabilidad política y social.
Que la celebración en febrero de las elecciones municipales y posteriormente en mayo las congresuales y nacionales tendrán un alto costo y que podrían generar un pandemónium de reclamos y conflictos, eso habría que verlo en el terreno de las realidades.
Mientras tanto, las autoridades a cargo de la organización y montaje de las elecciones han sido reiterativas en garantizar que están preparadas para llevarlas a cabo y trabajan cada día en esa dirección.
La perfección pretendida para la realización de unos comicios en febrero, para los que faltan todavía seis meses, se puede lograr cumpliendo simplemente el cronograma establecido por la Junta Central Electoral (JCE).
No hay que temer a un supuesto despeñadero el año que viene, y sobre ese miedo, precipitarnos ahora a un debate incierto sobre una reforma a la cual no le ha llegado su tiempo.
No hay que adelantarse a los procesos y recorrer caminos que pudieran ser inciertos.
