El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador esquivó la primera amenaza del presidente Donald Trump y evitó la imposición de aranceles a productos mexicanos, aunque el acuerdo alcanzado en materia migratoria parece haberle dejado a merced de los caprichos del mandatario norteamericano.
A más de un año para que se celebre la elección presidencial en EE.UU., Trump posiblemente seguirá presionando a México para que reduzca el flujo migratorio desde Centroamérica. Aunque el Gobierno mexicano ya tomó algunas acciones para cumplir con el acuerdo, la falta de métricas en los acuerdos y el poco compromiso de Washington con su contraparte podrían jugar en su contra.
«¿Cuál es el margen para saber que lo estamos haciendo bien? ¿Cuántos migrantes tenemos que detener? No lo tenemos claro (…) El presidente Trump sigue con ese discurso de una alta violencia, precisamente por lo volatil se le está tomando en cuenta, pero no hay que descartar que se apliquen los aranceles al no cumplir con eso», dice en entrevista Gloria Ciria Valdez, coordinadora del programa de estudios transfronterizos en el Colegio de Sonora.
Acuerdo entre México y EE.UU.
El jueves 30 de mayo, Trump amenazó con imponer un arancel del 5 % escalonado hasta llegar al 25 % a las importaciones mexicanas, si el país no detenía el flujo migratorio. El Gobierno de López Obrador se movilizó inmediatamente y una semana después logró suspender la medida tras intensas negociaciones en Washington.
En un plazo de 45 días, fijado por la Administración norteamericana, México se comprometió a reducir la migración «irregular» a través del despliegue de la Guardia Nacional —la naciente corporación de seguridad—, a desmantelar las organizaciones de tráfico de personas y a autorizar la entrada de aquellas personas que soliciten asilo en la frontera sur de EE.UU.
La instrumentación de la sección 235(B)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, que establece que todas personas extranjeras que lleguen al país desde fronteras terrestres, sin regular documentación, serán regresadas a México, generó muchas dudas sobre si, en los hechos, efectivamente se trataba de un acuerdo de tercer país seguro.
Rachel Schmidtke, asociada de programa en migración del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, explica para este medio que hay distinciones importantes entre un acuerdo de ‘tercer país seguro’ y la implementación de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que se amplió con el reciente acuerdo.
Sin la figura de un ‘tercer país seguro’, pero bajo el MPP que entró en vigor el 29 de enero, México ya ha acogido a poco más de 11.000 centroamericanos que solicitaron asilo en EE.UU. y, de acuerdo con estimaciones del Gobierno mexicano, podrían recibir a más de 50.000 personas en esta condición en los próximos meses.
¿Capacidad suficiente?
La Administración de Trump se comprometió a agilizar las respuestas a las solicitudes, aunque especialistas cuestionan si México tendrá la capacidad de recibir a miles de migrantes durante este periodo.
Rachel Schmidtke menciona que sin las capacidades económicas suficientes, los migrantes podrían encontrar condiciones muy precarias. «EE.UU. está poniendo mucha responsabilidad encima de las ciudades fronterizas en México y está mal concebido porque se supone que este país tiene menos recursos», dice la especialista.
La retórica de Trump con los migrantes también ha endurecido la opinión de los mexicanos en las ciudades fronterizas del norte del país, que han recibido a la mayor parte de los solicitantes de asilo.
Una reciente encuesta de El Financiero reveló que los mexicanos ya no ven con buenos ojos la apertura del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la migración proveniente de Centroamérica. El cierre de fronteras a los migrantes es apoyado por el 61 % de la población en el norte del país; por 57 % en el centro-occidente; mientras que 56 % respalda la medida en los estados del centro; y otro 53 % en las entidades del sur.
