En el manicomio de la vida las ideas se burlaban de la razón. La transparencia había llorado como en los días lúgubres. La corrupción estrangulaba la esperanza. Entonces los árboles dejaron de bailar, la brisa había quedado muda y las aves habían perdido el ritmo de su melodía y la justicia se había marchado aquella tarde. La utopía se había golpeado con el silencio. La impunidad se había enamorado del poder como en los días épicos de Romeo y Julieta, como en los días donde la lluvia besaba la tierra produciendo un romance eterno.
P. José Miguel Genao

La corrupción y la impunidad han sido una constante en la historia política dominicana con honrosas excepciones. Esta realidad ha provocado consecuencias negativas en la calidad de la democracia dominicana. Los últimos años la sociedad dominicana ha sido testigo de múltiples casos de corrupción y que entre otras razones ha motivado el surgimiento de la Marcha Verde cuya lucha fundamental es el fin de la corrupción y la impunidad. El caso de los sobornos de Odebrecht, la venta irregular de terrenos en el sector de Los Tres Brazos, los supuestos sobornos de los aviones Súper Tucano, la Sun Land y los casos de corrupción en la OMSA, OISOE, INAPA vinculados a la extorsión, la falsificación y el soborno, así como a compras y ventas irregulares son ejemplos que ilustran la gravedad de la corrupción en República Dominicana.

Seis ejemplos estadísticos de los últimos años nos muestran que hemos avanzado muy poco en la lucha contra este flagelo. En el 2017 según la encuesta Gallup el 89 % de los dominicanos calificaba de muy alarmantes los niveles de corrupción existentes en el país. El 66 % de los entrevistados afirmó que en el Gobierno había más corrupción que en el sector privado y el 53 % afirmó que en el actual Gobierno había más corrupción que en el anterior.

En junio de 2018 la firma Latin Insights reveló que la corrupción continuaba siendo el problema más importante en el país, según el 32 % de los encuestados. Tres de cada cinco, equivalente al 60 % de la opinión de los encuestados, dijeron que la corrupción iba a empeorar.

En octubre de 2018 la encuesta Gallup-Hoy indicó que el 58% de la población pensaba que en este Gobierno había más corrupción que antes. Un 27.5% creía que los niveles de corrupción son iguales que antes, y un 13% entiende que ahora son menores. También en octubre de 2018 el Foro Económico Mundial a través de su Informe de Competitividad Global ubicaba a República Dominicana en la posición 22 entre los países con más alto niveles de corrupción.

En enero de 2019 el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional ubicaba a República Dominicana en el lugar 129 de 180 países y en el lugar 24 de 32 en el continente americano con una puntuación de 30 de 100, situándose prácticamente en la misma escala de años recientes.

En febrero 2019 una nueva encuesta realizada por el Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Políticas y Administración Pública destacó que el tema más mencionado como preocupación principal del país era la corrupción (27%).

La corrupción no solo tiene un impacto político-social sino también económico. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2016 la corrupción tenía un costo que, a nivel mundial, oscilaba entre los 1.5 y 2 billones de dólares, y equivalente al 2% del PIB. El analista financiero Alejandro Fernández haciendo un ejercicio de relación al caso dominicano ha señalado que la corrupción cuesta, cada año, unos 1,400 millones de dólares afectando así negativamente el potencial del crecimiento inclusivo y contribuyendo con ello a distorsionar la selección de proyectos de inversión pública a través del soborno y el amiguismo.

Múltiples factores están detrás del problema de la corrupción. Sin embargo, es necesario señalar que las prácticas de corrupción y sus consecuencias tienen implicaciones éticas y políticas. Uno de los grandes críticos del problema de la corrupción, de la deshonestidad en la administración pública y defensor de la aplicación rigurosa de la Ley y del buen funcionamiento de la justicia fue Ulises Francisco Espaillat. Defensor apasionado de la institucionalidad y la Ley, Espaillat es un referente moral en contra de este flagelo y en contra de la impunidad, aspecto que impide el desarrollo de la transparencia en la administración pública.

Espaillat dio ejemplo en su accionar político de combate a la impunidad y la corrupción. Denunció la corrupción que auspiciaba el presidente Buenaventura Báez y durante la revolución de 1857, Espaillat fue uno de los que suscribió junto a otras importantes figuras de Santiago, el Manifiesto Revolucionario contra el gobierno de Báez. Integrado al gobierno organizado por la revolución, firmó conjuntamente con el presidente José Desiderio Valverde un decreto que ordenaba la incautación de los bienes de Báez, considerados mal habidos, y en consecuencia, propiedad del Estado.

Cuando Espaillat asumió el poder el 29 de abril de 1876 estaba convencido de que las dádivas a los generales constituían la fuente primordial de la corrupción, acrecentada durante el gobierno de González. Por tal razón, la segunda columna del plan de Espaillat era la honradez. Dispuso que se eliminaran todas las prebendas que se acordaban a los políticos y caudillos, a fin de hacer prevalecer un régimen de austeridad en los gastos.

En medio de la vorágine que se desprendía de las crueles luchas políticas por arrebatar el poder al grupo adversario, entendía Espaillat lo siguiente “Preferimos pasar por visionarios prefiriendo el calificativo de teórico al de explotador, el de iluso al de corrompido y optando por el papel de víctima entre el de esta y el verdugo”.

Si hay algo que puede resumir su persona como señala el historiador Roberto Cassá es la “honradez a toda prueba, que hizo de su figura un ejemplo viviente de las ideas que pregonaba.
Desempeñó funciones de primer orden en capítulos importantes de la historia del país, desde la independencia hasta su ascenso a la presidencia de la República en 1876 y la desempeñó de forma honesta, honrada y transparente”.

La eterna preocupación de Espaillat de que la política debe ejercerse en el marco de la ética sigue siendo una deuda pendiente. Erradicar de las prácticas del poder político, económico y social, la cloaca de la corrupción y la impunidad y desarrollar una cultura de transparencia siguen siendo deudas pendientes con el valioso legado de rectitud y honradez del insigne civilista Ulises Francisco Espaillat.

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