Preocupa sobremanera la reacción de algunos sectores ante la legítima decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre un conflicto interno del PRD. Se puede estar o no de acuerdo con la sentencia TSE 012-2019 que anula la convención del PRD del 2017, pero hay que reconocer que el TSE cumplió con la facultad que le da la Constitución y las leyes. Este órgano es el responsable, en última instancia, de tomar decisiones en la jurisdicción electoral. Si la parte afectada entiende que se le ha violado un derecho fundamental, puede recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC). Esto fue lo que aconteció con la decisión que anteriormente había tomada el TSE sobre este conflicto.
El sistema judicial dominicano tiene sus canales institucionales para dirimir este tipo de conflicto. Lo peligroso es recurrir a la presión y la intimidación política cuando un poder del Estado toma decisiones que no favorecen a determinados grupos políticos. En el caso del actual fallo del TSE, se ha puesto en evidencia la profunda precariedad institucional en que vive el país. El riesgo de afianzar un ejercicio autoritario del poder es alto. Se ha dado información de que los jueces del TSE que hicieron posible la aprobación de la sentencia que afecto a las autoridades del PRD, fueron objeto de presión para que modificaran su voto. Esto es una grave violación a la división de los poderes en un Estado que se precia de ser democrático.
Es aún más peligroso que legisladores, incluyendo al presidente del Senado, amenacen con someter a un juicio político a los magistrados electorales que no fueron complacientes con sus intereses. Reflejan hasta el descaro su poca costumbre a que las instituciones actúen conforme la Constitución y no al control partidario. La independencia de los jueces les provoca urticaria. Para su descabellado propósito, recurren al falaz argumento de que el TSE desacató una sentencia del TC que anuló la anterior decisión del Tribunal Superior Electoral.
Parecen ignorar que el Tribunal Constitucional determinó que el TSE conociera nuevamente el expediente, con estricto apego al criterio del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Esto fue lo que hizo el TSE, y ante esta decisión solo hay dos vías posibles, o la acata sin más o la apela ante el TC mediante un recurso de revisión constitucional. Cualquier otra vía es un invento pernicioso para la institucionalidad democrática. Es tiempo de que en el país se respete la separación de los poderes. Hay que asumir el compromiso de una práctica democrática que implique, aunque no estamos acostumbrados a ello, que las instituciones operen con autonomía, frente a los partidos y las empresas.
