Organizaciones sociales afiliadas a la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa) aprovecharon la conmemoración del Día Mundial de la Salud el pasado domingo, para sugerir la firma de un “Pacto por la Salud”, pensando en aquel acuerdo mediante el cual los candidatos presidenciales de 2012 se comprometieron a fijar una asignación presupuestaria a la educación.
El cumplimiento de ese pacto en 2014 sentó las bases para posibilitar las inversiones en la construcción de infraestructuras y facilidades que han impactado el sistema educativo con mejorías económicas para los maestros, servicio de alimentación para los alumnos y una llamada tanda extendida que no termina de materializarse plenamente. La calidad está pendiente.
A partir de esa experiencia, un pacto por los servicios de salud, quizás sirva para impulsar mejorías. Pero tememos que la cuestión en este sector no se reduce a los recursos económicos.
Hay más. La prestación de los servicios se fundamenta en la ley de salud 42-01 que garantiza ese derecho a los dominicanos y cobra otra dimensión con la ley de la seguridad social 87-01. Con esos instrumentos se supone que deberían existir los mecanismos para que el sistema funcione adecuadamente. Pero la gente sigue sufriendo los mismos problemas.
Construyen o reparan decenas de infraestructuras, se adquieren nuevos equipos, pero todavía quien sufre digamos un accidente cerebro-vascular en una apartada localidad puede morir porque los centros habilitados en una región simplemente carecen de “capacidad resolutiva” para atender al paciente, con el agravante de que no puede ser enviado a un centro en Santo Domingo sin una coordinación previa y ahora está de moda que los grandes centros de la Capital “no tienen camas disponibles”.
Millones afiliados a una ARS, pero eso no garantiza que serán atendidos con sentido de oportunidad y calidad. Hay demasiados intereses en este sector, muy diferentes a los propios del sistema educativo.
Las reformas de 2001 ayudaron, pero se requiere una voluntad que haga prevalecer el principio de que la salud es un servicio que no debe estar a expensas de partes interesadas. El sistema y el Servicio Nacional de Salud (SNS) reclaman una aceleración estremecedora.
El mejor pacto es la acción pública decidida y la contribución sincera de los demás entes.
