El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó presentación periódica y realización de trabajos comunitarios a los cinco hombres del grupo que lanzó excrementos al edificio de la Suprema Corte de Justicia.
El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró dispuso que los trabajos comunitarios a realizar queden a opción de los ayuntamientos de donde residen los acusados. Asimismo, ordenó la libertad pura y simple de las mujeres involucradas en el caso.
Los acusados, pertenecientes al Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) son Manuel Robinson Morillo Martínez, Juan Antonio Martínez Paredes, Jennifer Germosén Rosario, Ángela Carolina Báez Jacobo, Cristian Ismael Jiménez Rosario, Richard Hernández Peralta y Gabriel Sánchez Rosario.
Los activistas del Frente Amplio de Lucha Popular consideraron la decisión como una victoria del pueblo. Varios sectores de la sociedad rechazaron la acción del Falpo.
