Concluirá en los próximos días la actual legislatura del Congreso Nacional sin que se exhiban avances en materia de nuevas legislaciones o en el rol de fiscalización de este poder del Estado. Este diario reportó esta semana que proyectos relevantes para la democracia y el Estado de derecho perimirán una vez más. Entre estos proyectos se encuentran el de la nueva Ley del Régimen Electoral, el Código Penal y el Código Civil. Todo indica que los legisladores estuvieron muy ocupados en sus labores de ayuda social, en la aprobación de préstamos y en asegurarse beneficios y privilegios.
Es un absurdo que después de ocho años de la reforma Constitucional del 2010, todavía no haya sido posible reformar la desfasada Ley Electoral 275-97. La comisión bicameral encargada de la discusión de esta reforma, ha indicado que se ha logrado construir consenso en muchos de sus puntos; sin embargo el tiempo no da para su aprobación. Esto implicará ir a unas elecciones altamente complejas sin una legislación a la altura de los retos que implican la fiscalización del financiamiento político, la transparencia, la inclusión y la competencia electoral en condiciones de equidad. Lo propio pasa con la reforma del Código Penal, imprescindible para la persecución y sanción de los nuevos tipos de delitos y para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres.
Varios legisladores han señalado que en la nueva legislatura a partir del próximo 27 de febrero, estos proyectos se podrían reintroducir y aprobar. No obstante, el que inició es un año preelectoral y desde hace meses gran parte de los legisladores están muy ocupados en el proselitismo político, ya sea para su reelección o en apoyo a los precandidatos presidenciales de sus partidos. Todo indica que la competencia interna en las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso será muy intensa, por lo que desde ya el conjunto de legisladores está empleando una gran parte de su tiempo en la precampaña. Cuando inicie la campaña la demanda será aún mayor.
Es necesario crear las condiciones para que independientemente del periodo en que nos encontramos, no se paralicen las labores del Congreso Nacional. La primera tarea la tiene la JCE de evitar las precampañas extemporáneas. La Ley de Partidos Políticos es clara respecto a los plazos establecidos para el inicio y conclusión de la campaña en esta fase del proceso. Los líderes de los partidos y los propios legisladores deberán ocuparse de cumplir con la responsabilidad de establecer una agenda legislativa priorizada que incorpore las iniciativas relevantes para el país y que tienen tiempo discutiéndose. Esto debe hacerse con el compromiso de avanzar en su aprobación, la campaña puede esperar, el país no.
