Mazara dijo que la falta de un marco regulatorio da pie al desperdicio y al robo del líquido, e impide su cobro
Pese a ser un recurso vital y estratégico para el desarrollo del país, la falta de un marco regulatorio ha favorecido el desperdicio y el robo del agua potable, y al mismo tiempo, ha impedido el establecimiento de tarifas que permitan el cobro efectivo de este importante servicio.
El ingeniero Horacio Mazara, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), entidad que tiene a su cargo la administración de 315 acueductos o sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, equivalentes al 80% de la cobertura nacional, insistió en que la falta de un ordenamiento jurídico impide la actuación de las autoridades en ciertos escenarios.
“Por ejemplo, si usted tiene una finca y se va a robar el agua yo no puedo, por decir una palabra, meterlo preso porque cuando vaya donde el juez le diga: cómo te voy a juzgar, contrario a lo que ocurre en medio ambiente, que usted va a extraer algún agregado de un río y hay una ley que te permite agarrar un camión de esos, y no hay forma de que salga”, dijo.
Se desperdicia 35% agua en cultivos
Para ser más ilustrativo, el funcionario reveló que un estudio, cuyos resultados serán presentados próximamente, revela que alrededor del 35% del agua potable que produce el acueducto de la Línea Noroeste, es utilizada por regantes en fincas con fines agrícolas.
Dijo que aunque las personas no pueden prescindir del agua, al igual que del teléfono celular o de la energía eléctrica, cuyos servicios pagan religiosamente, no pasa lo mismo con el agua por la falta de un régimen de consecuencias que penalice a quienes se la roban de las redes de distribución.“Pero lo peor para nosotros es que, cuando es tratada, nos cuesta mucho producirla. Cuando usted intercepta esas tuberías está introduciendo contaminantes, después que uno se esmera en mejorar los índices de potabilidad”, explicó el director de Inapa al ser entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe.
Dan toques finales a leyes
Para hacer frente a ese y otros problemas, Mazara reveló que los anteproyectos de leyes General y Sectorial de Agua, están a nivel de corrección de estilo por una comisión multidisciplinaria para, posteriormente, ser sometidos a la opinión pública y a la consideración de empresarios, contratistas y usuarios.
Según el funcionario, quien preside el Consejo para la Reforma del Sector Agua Potable y Saneamiento, que agrupa a los ministerios de Salud, Economía, Medio Ambiente y Turismo y las corporaciones de agua, la aspiración es que ambas leyes que llevan más de dos décadas en discusión, sean sometidas y aprobadas por el Congreso en la actual legislatura.
Mazara puntualizó que en el caso de la Ley General de Agua que busca vigilar, supervisar y fiscalizar las políticas para el uso del agua cruda para fines agrícolas y de generación eléctrica, se ha propuesto que el órgano rector sea el Ministerio de Medio Ambiente. Mientras que, en la ley Sectorial, que establece las normas para el uso del agua tratada y potabilizada para consumo humano, las funciones de rectoría recaigan sobre el Ministerio de Salud Pública, e incorpore una especie de superintendencia a cargo del Inapa. Dijo que los legisladores tienen muy claro la importancia de ambas leyes y hay comisiones especiales asistidas por técnicos trabajando en ellas.
25% de la población sin cobertura
Mazara reconoció que falta mucho por hacer en términos de cobertura y reveló que el suministro de agua potable a los hogares a través de las redes de distribución ronda el 75%. El 25% restante es suplida por pequeños acueductos rurales y sistemas administrados por ONG’s.
“Tenemos que ser serios. No todo está resuelto. Tenemos deficiencias porque el sector es complicado”, dijo tras revelar que en su gestión ha elaborado un portafolio de proyectos que ronda los RD$80 mil millones para reducir esta brecha, y al mismo tiempo, afrontar un problema que considera peor, como es la falta de alcantarillado sanitario.
Deploró la contaminación provocada por la cercanía de los alcantarillados con los pozos de agua de consumo, así como las descargas sanitarias en importantes cuencas. En ese sentido, reveló la existencia de un proyecto del Banco Mundial enfocado a aminorar el impacto negativo que ha provocado la falta de alcantarillado sanitario y las descargas en la cuenca alta del río Yaque del Norte.
Dijo que cuando se habla de saneamiento, necesariamente hay que involucrar a los ayuntamientos que deberán ser más cuidadosos y evitar establecer vertederos en las cercanías de tomas de agua, provocando la contaminación de los afluentes.
En ese sentido, recordó que el acceso al agua potable está íntimamente relacionado con la salud y su deficiencia se expresa en el aumento de las enfermedades de carácter hídrico, por lo que la apuesta por la construcción de acueductos impacta en el bienestar de la población.
Fecalismo ronda el 4 y el 5%
También destacó que han asumido una Estrategia Nacional de Saneamiento y una hoja de ruta que busca reducir el fecalismo en el país, que ronda el 4 y el 5% de la población que todavía defeca en letrinas. “Nosotros entendemos que ya lo que es letrinas ya debe desaparecer con pequeños sistemas sanitarios. En esa medida tenemos que disminuir esa brecha”.
Presas y acueductos en el Este
Dijo que según estudios realizados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) el país tiene una capacidad de almacenamiento de agua muy baja que ronda el 14%, por lo que se hace necesario que en zonas de gran desarrollo turístico como el Este se construyan tres presas para el embalse de agua potable en los ríos Chavón, Soco y Sanate.
Explicó que dicho proyecto le fue presentado al presidente Danilo Medina y está bajo estudio, para garantizar el abastecimiento del líquido a largo plazo.
En el caso del municipio de Higuey, dijo que el objetivo y alcance de su acueducto superó a su población y según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) experimentó el mayor crecimiento y densidad poblacional del país.
“Ya los cálculos nuestros dicen que La Altagracia está demandando 1.2 metros cúbicos por segundo y el acueducto sólo da 500 litros por segundo y hay una parte de Sanate que cuando hay periodos de estiaje o sequía produce menos”.
Reveló que también se ha presentado a la Presidencia un proyecto para la construcción de un acueducto y el alcantarillado sanitario en Punta Cana, para hacer frente a la sobreexplotación de los pozos y la intrusión salina.
Agregó que tienen en proyecto la construcción de varios acueductos múltiples en provincias que demandan este importante servicio, como es el caso de Sánchez Ramírez, el cual está en carpeta para el año 2019.
También están pendientes los acueductos de Ocoa, Sabana Larga, Los Patos de Oviedo, Pedernales, y otros que deben ser rehabilitados, como el proyecto denominado Barrera de Salinidad, que impactaría las ocho provincias fronterizas y sus quince municipios, y contempla la construcción de once sistemas sanitarios nuevos.
Dijo que se trata de un proyecto de gran importancia al tratarse de una franja vulnerable en términos de salubridad por su cercanía con Haití, el cual se realizaría con la cooperación británica.
Tarifa no se corresponde con costo de producción
Mazara dijo que existe una desproporción entre lo que cuesta la producción de agua y el precio al que se vende el metro cúbico y que se espera contar con un nuevo régimen tarifario con la aprobación de la Ley Sectorial de Agua. En ese sentido, dijo que tanto Inapa como la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) cobran seis pesos por el metro cúbico, mientras el resto de corporaciones cobran entre 12 y 15 pesos.El funcionario también se refirió al proceso de fortalecimiento institucional que vive Inapa y los logros alcanzados en materia de cobranza sin necesidad de aumentos ni cortes del servicio. Dijo que los cobros aumentaron de RD$380 millones en 2014 a RD$700 millones.
Asimismo, destacó que gracias a la aplicación de las normas básicas de control interno es prácticamente imposible hablar de corrupción en esa institución. Puso como ejemplo que hasta para las compras de azúcar y café para consumo interno se convoca a licitación.
