A Milton Friedman, una de las mentes más brillantes e influyentes del mundo de la economía, le atribuyen haber dicho que no existe nada más duradero que una política “temporal” de los gobiernos. Con ello, lo que se quiere dejar dicho, es que frecuentemente, medidas que están supuestas a enfrentar situaciones muy coyunturales y que deberían ir siendo desmontadas con el tiempo, suelen eternizarse. Muy similar a la frase “Toda regla tiene su excepción, y a veces, la excepción se vuelve la regla”. Esto aplica bastante a las políticas de endeudamiento que han asumido los gobiernos del PRD/PRM y PLD en diferentes etapas para atender desafíos del momento.
Son muchos los ejemplos disponibles, pero entre ellos, quiero destacar a Puerto Rico, isla con la que al igual que tantos dominicanos, mantengo un vínculo de gran amistad. En ese sentido, hace unos días tuvimos como invitado del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP) cuya presidencia me honra, al ex Gobernador Luis Fortuño, quien nos expuso sobre la situación que encontró al asumir el cargo de primer ejecutivo boricua. Como saben, la relación privilegiada con Estados Unidos junto con las exenciones tributarias concedidas a nivel federal a las empresas que invirtieran en tierra puertorriqueña (Ley 936), permitió un exponencial crecimiento que fue modelo para buena parte de los países hispanoparlantes. Sin embargo, una vez se anunciara la eliminación de dichos beneficios, se perdió lo que había sido la base de la economía durante décadas.
El problema mayor estuvo en que para paliar este reto, los gobiernos decidieron recurrir a un endeudamiento desmesurado que fomentara lo que llaman “Demanda inducida”, duplicando la nómina pública en tan solo 8 años de 2000 a 2008. Lo que estaba supuesto a ser una salida temporal, se terminó convirtiendo en un modo de vida insostenible, que como conocemos, resultó un colapso una vez la deuda llegó a su tope y se perdió la capacidad de pago. Combinado esto con una economía en recesión, los efectos de crisis en ese pueblo hermano han estado a la vista de todos.
Ahora bien, imaginemos un país que no sea territorio estadounidense, que no reciba fondos de ayuda federal y cuyos ciudadanos no tengan como alternativa el fácil traslado al territorio continental americano. Sigamos imaginando y pensemos en un país que del 96 al 2018 aumentó su deuda pública de 18 a 52%, que su nómina pública se ha multiplicado por 8, cuyas recaudaciones se han estancado en un 13% del PIB y que no logra disminuir la informalidad. Diríamos que no quisiéramos estar los zapatos de ese país, pero resulta que es el nuestro la República Dominicana.
Principalmente tras la crisis bancaria, los gobiernos han recurrido a un aumento de la nómina pública financiado por endeudamiento a modo de palear los efectos nocivos. Pero de la misma manera que ha pasado tantas veces, esto se volvió la regla y vamos para casi dos décadas sin reformas integrales que transformen nuestra economía. Estamos dependiendo de un modus vivendi que vez tras vez ha sido expuesto como insostenible en el largo plazo.
Necesitamos una administración diferente, estamos a tiempo de corregirlo antes que estalle la crisis, pero esta oportunidad se va agotando.
