Escribimos desde la ciudad de Baltimore, donde hemos visitado la Universidad de Johns Hopkins, cuyo campus tiene una extensión de alrededor de 560 mil metros cuadrados. Desde su fundación en 1876, la universidad se ha dedicado a la investigación. Hoy ocupa el lugar número 14 entre las más de 25 mil universidades del mundo. Su hospital universitario es un referente a nivel mundial y es uno de los tres primeros hospitales de los Estados Unidos. Siendo así, esta institución tiene mucho que celebrar, que es la razón de nuestra presencia aquí, pues fuimos invitados a un acto para festejar sus logros, encabezado por su presidente. Su dedicación a la excelencia académica y a la investigación la han llevado a obtener éxitos insospechados para sus fundadores.
Sentimos una cierta tristeza al escribir estas líneas y pensar que nuestra Universidad Autónoma reclama para sí el privilegio de ser la primera de América, por ser fundada en 1538. Sin embargo, hay quienes argumentan que realmente sus inicios son más recientes y que datan de 1866, cuando fuera fundada por los humanistas José Gabriel García y Emiliano Tejera. De todas maneras, nuestra universidad está rezagada en todos los órdenes. El origen de su caída radica en su renuncia a la excelencia académica y su conversión en un refugio de políticos y la política. La politización de la Universidad produjo su masificación, lo que causó la relajación de los estándares académicos. Su doloroso estado actual es ilustrado por los carteles colocados en las llamadas “voladoras” para publicitar candidatos a dirigirla.
Las espesas redes de intereses que están enraizadas en sus instituciones son un obstáculo formidable a cualquier intento de reformarla. Dado la fuerza de estos intereses, cualquier intento de introducir cambios de una manera comprensiva estará condenado al fracaso. Siendo así, una vía posible de reforma sería actuar por escuelas o facultades, comenzando por las carreras científicas, que son las menos masificadas. Para ello sería necesario establecer el requisito que los profesores tengan un doctorado de universidades reconocidas, preferiblemente europeas o norte-americanas. Segundo, establecer como única autoridad la asamblea de los profesores de la facultad. Tercero, establecer una relación estrecha de trabajo con alguna universidad extranjera que prevea el envío de profesores visitantes y la colaboración en proyectos de investigación. Y mantener dicha facultad aislada de los perturbadores.
Estas medidas son realistas. La universidad constantemente solicita apoyo financiero al Estado. El Estado cumpliría su papel si exigiera reformas para elevar su calidad y prestigio a cambio del apoyo solicitado. Adicionalmente, el Estado debería financiar un programa para que estudiantes brillantes dominicanos obtengan sus doctorados y tengan sus posiciones garantizadas como catedráticos, con ingresos correspondientes a su preparación. Es un primer paso. El país ganaría.
