La reciente convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por el presidente de la República y de dicho consejo, era un hecho esperado que debió producirse desde finales del pasado año para cumplir con la renovación gradual del Tribunal Constitucional dispuesta por la Constitución.
Dicho Consejo ha sido convocado no solo para proceder con diez meses de retraso con la selección de cuatro jueces del Tribunal Constitucional a los cuales se les venció el mandato de seis y no de nueve años por el que excepcionalmente fueron electos conforme la decimonovena disposición transitoria de la Constitución, razón por la cual igualmente por excepción podrán ser considerados para un nuevo único período; sino también para la evaluación de desempeño que la nueva Constitución prevé debe hacer dicho Consejo a los miembros de la Suprema Corte de Justicia electos por un período de 7 años, al término del cual podrán ser elegidos por un nuevo período.
Dejando fuera las conjeturas sobre si se incumplió con el mandato de convocar en diciembre pasado al CNM para esperar que la presidencia de los Diputados cambiara de un miembro de la facción del presidente del partido oficial por un miembro de la facción del presidente de la República y del Consejo, y que si la convocatoria es una respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional 035/18 que declaró inadmisible la acción directa en inconstitucionalidad contra la vigésima disposición transitoria de la Constitución, la realidad es que en el momento político actual esta convocatoria tiene una trascendencia mayúscula y genera justificados temores por múltiples razones.
Una de ellas es que debido a que la Constitución se modificó en el 2015 para permitir la reelección del actual presidente, será este quien renovará la mayor parte de los miembros de la Suprema Corte y más de una cuarta parte del Tribunal Constitucional, en adición a las renovaciones efectuadas el pasado año por razones de edad o renuncia en la Suprema y la del Tribunal Superior Electoral; lo que no fue lo que se visualizó al disponer los períodos de mandatos de estas Cortes en el año 2010 y lo que le podría otorgar un peligroso control.
Otra, porque pudiera haber la tentación de emular lo efectuado en el 2011 por el entonces presidente de la República y presidente del partido oficial, de llevar principalmente a las Altas Cortes sus correligionarios y algunos de sus aliados; sobre todo en medio de la pugna entre las facciones de dicho partido por la candidatura presidencial para el 2020.
Igualmente, porque existe una manifiesta voluntad de seguidores del líder de una de esas facciones de soslayar los impedimentos constitucionales existentes para su candidatura y, porque una inusitada cantidad de casos de corrupción se están juzgando o han sido fallados en la región, involucrando muchos a presidentes y pasados presidentes.
Ante este complicado panorama toda la sociedad debe interesarse en los procesos a ser llevados a cabo por el CNM, para reclamar que la selección sea lo más transparente y correcta posible, pero sobre todo para que no se repita la mala experiencia vivida en el 2011 en la cual se festinaron las evaluaciones y sin el debido sustento ordenado por la Constitución se separaron de sus cargos a buenos magistrados por motivos simplemente políticos, y se debilitó el poder judicial.
Necesitamos verdaderas evaluaciones y no retaliaciones o simples simulacros que permitan que sin justificación no sean electos por un nuevo período buenos magistrados, y sean reelegidos o elegidos quienes simplemente convengan a la mayoría de turno y no a la sagrada misión de impartir justicia imparcial e independiente.
