La Cámara de Diputados (CD) aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula el otorgamiento de las fuerzas públicas para realizar embargos y allanamientos.
El objetivo de la iniciativa es crear el marco regulatorio que permita a los actores del sistema judicial contar con disposiciones claras y precisas para el ejercicio de las vías de ejecución, y con ello conjurar los problemas que se escenifican durante estos procesos.
El proponente de la pieza, Henry Merán, señaló que esta falta de regulación altera la paz pública, pone en juego la integridad física y la dignidad de las personas, tanto de los perseguidos, de los ministeriales, como del personal que presta el auxilio de la fuerza pública.
Indicó que la pieza es una respuesta a un mandato del Tribunal Constitucional, donde exhortó al Congreso Nacional a través de la sentencia TC/0110/13, para que en un plazo no mayor de dos años, legislara sobre el modo en que el Poder Judicial ejercerá la facultad ejecutiva jurisdiccional a la hora de otorgar la fuerza pública para un desalojo, embargo o allanamiento.
El juez competente para autorizar la fuerza pública será el juez de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, mientras que el juez que acompañará al alguacil al lugar de la ejecución y supervisará sus actos es el juez de paz del lugar.
Rechazan modificar agenda
El pleno de la Cámara rechazó por sexta ocasión la solicitud del bloque de legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de modificar la agenda del día para conocer una resolución que busca se investigue los contratos de publicidad, erogados por el Gobierno a las empresas de Joao Santana. 58 diputados votaron en contra, 40 a favor y 19 no votaron. No obstante, el pleno aprobó la modificación de agenda para incluir una resolución que reconoce la trayectoria del pelotero Vladimir Guerrero.
