San Juan. Nuevas medidas de austeridad se aproximan para Puerto Rico, luego que los legisladores se negaron a cambiar las leyes laborales en la isla como lo ordenó una junta federal de control que supervisa las finanzas del territorio, sumido en una recesión de 11 años.

La junta dijo ayer viernes que eliminará un fondo de 25 millones de dólares en becas para la mayor universidad pública de Puerto Rico, además de un fondo anual de 50 millones para las municipalidades. Asimismo, dijo que suspenderá una bonificación navideña anual para todos los empleados públicos, a partir del próximo año fiscal.

Las medidas son un golpe para el gobernador Ricardo Rosselló, que originalmente había prometido que los legisladores puertorriqueños aceptarían el empleo a voluntad, que significa que las empresas privadas podrían despedir a empleados en cualquier momento sin tener que probar causa justa.

Un portavoz de Rosselló no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentario.

Mientras tanto, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, que hizo campaña contra los cambios en las leyes laborales, emitió una enérgica declaración el viernes en la que defendió su posición y criticó a la junta.

“Amenazan sin justificación ni fundamento económico alguno, con eliminar el bono de Navidad, las vacaciones, la seguridad en el empleo del trabajador del sector privado, becas para estudiantes, fondos para proyectos de infraestructura y desarrollo económico, entre otras partidas importantes. ¡Amenazan con ser peores que el huracán María!”, dijo Schatz.

La junta dijo que cambiar las leyes laborales atraería necesarias inversiones al territorio.

El huracán María causó daños estimados en más de 100,000 millones de dólares a Puerto Rico el 20 de septiembre y la isla aún trata de recuperarse.

La isla sufrirá los  cortes de inmediato

Puerto Rico sentiría inmediatamente los efectos de los recortes de la junta y añadió que los mismos deprimirán más la frágil economía del territorio en momentos en que trata de reestructurar partes de su deuda pública de más de 70,000 millones de dólares. Más de 2,300 clientes siguen sin electricidad y decenas de miles de negocios fueron cerrados.

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