Medellín. La Comisión de Libertad de Prensa para la República Dominicana expresó que en el país se libra una batalla por la libertad de prensa en el Congreso y que han continuado produciéndose actos de agresión física y verbal contra reporteros de diferentes medios, especialmente de agentes de la autoridad armada.

El informe de la Comisión fue leído por Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre, en representación de Miguel Franjul, director del Listín Diario, en la reunión de medio año que realiza la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Medellín, Colombia, del 13 al 16 de abril del 2018.

En el documento, la comisión se refirió al caso del periodista José Luis Contreras, que se resistió a ser arrestado por un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en la provincia de Montecristi, quien lo encañonó y sujetó por el cuello para llevarlo a un cuartel.

El caso más reciente es el de la presentadora y productora de televisión Alicia Ortega, de Noticias SIN del canal 9, quien denunció que había recibido amenazas de muerte desde la prisión en que esperaba juicio el imputado Avelino Castro (ya condenado a 20 años), por unos reportajes que difundió por televisión describiendo las implicaciones de éste en el crimen del periodista José Silvestre, leyó Tejada, quien es miembro del consejo consultivo de la SIP.

En tanto, la SIP expresó su satisfacción por las acciones de la justicia en varios países, incluyendo a la República Dominicana, que han permitido juzgar a los sospechosos de los asesinatos de periodistas.

También se refirió a los casos de intimidación contra el periodista Odalís Payano, de Jarabacoa, cuya residencia fue tiroteada por desconocidos; el de la periodista Elbania Flores, de Telemicro canal 5 de Santo Domingo, agredida por los familiares del empresario Ángel Rondón, uno de los acusados principales de repartir sobornos por 92 millones de dólares de la firma constructora brasileña Odebrecht.

Además, informó que la prensa independiente de la República Dominicana ha intensificado sus esfuerzos para lograr que se eliminen las penas de prisión en algunos delitos de palabra, contempladas dentro de la nueva Ley de Medios de Comunicación que estudia una comisión bicameral del Congreso.

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