El 95 aniversario de la JCE

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    Ayer la Junta Central Electoral (JCE) conmemoró sus 95 años, casi un siglo. Durante su discurso en la Eucaristía por la ocasión, su presidente Julio César Castaños Guzmán valoró el papel desempeñado en el proceso de construcción democrática y vio luces y sombras.

    No es atrevido señalar que probablemente esa institución no ha sido más que un reflejo de cada coyuntura y su desempeño ha estado muy vinculado a las mismas. Sombras, cuando la democracia ha sido caricatura. Luces, cuando el ambiente democrático ha permitido fortalecerla y ensanchar su quehacer.

    La democracia plena es la fuente donde dimana la fortaleza de una entidad de su naturaleza. ¿Qué junta electoral puede hacer su trabajo dignamente si el entorno dominante es un estado de terror, de fuerza o humillación de la sociedad?

    Puede la Junta y sus integrantes estar imbuidos del mejor espíritu y entereza, pero la garantía plena de su accionar debe fundamentarse en la ley, el respeto a la misma y el acompañamiento de una sociedad vigorosa que respeta y reconoce su misión.

    Es muy buena la profesión solemne, el compromiso de los miembros y empleados de la actual Junta Central Electoral, “para dejar una huella… para ser recordados en el honor”.

    Para que todo eso se materialice es necesario que los actores políticos y sociales comprendan la necesidad de dotar a la JCE de los recursos, y especialmente, de los medios para garantizar no sólo el avance institucional y la defensa de la nacionalidad, sino afirmar la huella profunda de “imparcialidad y objetividad” para las próximas elecciones, en medio de claras amenazas.

    Es verdad que la JCE ampara sus actos en su “Potestad Reglamentaria Originaria conferida por la Constitución de la República”, Párrafo IV del artículo 212, para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación…” y “velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad…”

    Pero si los legisladores aprueban una ley de partidos justa y equilibrada para todos, y reforman la ley 275 de organización electoral como debe ser, quizás los miembros de la JCE no tengan que inmolarse…

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