El Consejo del Poder Judicial (CPJ) dispuso la creación del Sistema Nacional de Pasantías para estudiantes de todas las universidades del país, la apertura de 1,200 plazas y un conjunto de regulaciones que regirán ese programa en el sistema de administración de justicia.
La disposición está contenida en el Acta núm. 12/2018, que contiene la Resolución del Sistema Nacional del Programa de Pasantía del Poder Judicial, del 20 de marzo del 2018.
El órgano de gobierno del Poder Judicial ordenó la creación de la Unidad Coordinadora del Sistema Nacional de Pasantía, adscrita a la Dirección de Gestión Humana y Carrera Administrativa, bajo la denominación de Coordinación Nacional de Pasantías.
Asimismo, dispuso la apertura de 1,200 plazas para pasantes a nivel nacional distribuidas de la siguiente manera: 200 en el Distrito Nacional e igual cantidad en el Departamento Judicial de Santo Domingo; para los Departamentos Judiciales de Santiago y La Vega, 150 cada uno; 100 pasantes para cada uno de los Departamentos Judiciales de San Francisco de Macorís, Puerto Plata, San Pedro de Macorís y San Cristóbal; y 50 pasantes para los Departamentos Judiciales de San Juan de la Maguana y Barahona, cada uno.
De igual manera, el CPJ aprobó un instructivo que regirá el Sistema Nacional de Pasantía, un plan piloto operativo de un año con alcance nacional, una compensación, planes de capacitación, el uso del transporte y de las bibliotecas del Poder Judicial.
Plantea que en vista del incremento de pasantes es necesaria la creación de la Unidad de Pasantías del Poder Judicial, adscrita a la Dirección de Gestión Humana y Carrera Administrativa, a un Encargado (a) que dirija toda la logística y apoyo, en coordinación con las universidades del país.
Considera que el Poder Judicial tiene como misión contribuir a la excelencia de la administración de justicia, conforme con los valores de una sociedad democrática.
Agrega que desde hace varios años, a través de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, inició un proyecto de Pasantía dirigido a los estudiantes de Derecho de las distintas universidades, conllevando así un programa de intercambio y colaboración con la comunidad jurídica nacional, pero se requiere de una regulación sistemática y acorde con la realidad.
Asegura que el proyecto permite insertar a los estudiantes en el mundo de la enseñanza práctica de derecho y de otras áreas del conocimiento, de cara a su formación profesional, además de que suple una necesidad imperativa y al mismo tiempo los inserta en el servicio público.
