Santiago de Chile. El gobierno de Nicolás Maduro “evaluará” su continuidad en el proceso de diálogo que mantiene con la oposición en República Dominicana, dijo ayer el canciller venezolano Jorge Arreaza, que también cuestionó las sanciones impuestas por la Unión Europea a siete altos funcionarios de su país.
“El presidente Nicolás Maduro evaluará la continuidad del diálogo”, dijo el diplomático venezolano en rueda de prensa, tras participar en la capital chilena en el foro ministerial China-Celac. Se continuará “evaluando el proceso de diálogo y acercamiento esperando señales de la contraparte para seguir dialogando o no. Dependerá de muchos factores no solo de la voluntad del presidente Maduro”, agregó el diplomático.
El gobierno de Maduro consideró un “golpe al diálogo” las sanciones impuestas por la Unión Europea a funcionarios que acusa del “deterioro” de la situación en Venezuela, prohibiéndoles su ingreso a la zona europea.
La última reunión entre el gobierno y oposición para intentar superar la crisis del país caribeño estaba agendada para el jueves pasado en Santo Domingo, pero la oposición se marginó por la ausencia de los cancilleres de Chile y México, sus facilitadores invitados. Aún no hay fecha para un nuevo encuentro.
Para el canciller venezolano, la oposición no acudió “alegando cualquier tipo de pretexto”. “Hoy la Unión Europea bajo el supuesto alegato de querer favorecer el diálogo ataca al Estado venezolano en su conjunto (…) hay agresiones, ataques y enemigos del diálogo por todas partes, siempre está en evaluación, ojalá nosotros podamos lograr el acuerdo político en Venezuela”, agregó.
El martes en Santiago se reunirán los cancilleres de los países del grupo de Lima, instancia de 12 naciones que articula presión internacional sobre Venezuela para destrabar la profunda crisis que vive el país.
Dice apresan 31 allegados a policía rebelde muerto
La comisión del Parlamento venezolano que investiga la muerte del expolicía Oscar Pérez y seis de sus compañeros en un operativo de las fuerzas de seguridad denunció 31 detenciones “arbitrarias”, entre ellas de familiares y amigos de los fallecidos, y amenazas contra sus allegados. ”Hemos podido verificar 31 detenciones arbitrarias por el caso de la masacre”, dijo.
