Villa González. Extorsiones, orquestadas a través de las redes sociales y que muchas veces involucran a adolescentes, convierten a este municipio en la meca de la estafa.
El llamado “posteo” consiste en engañar a personas incautas, pegando imágenes en poses sugerentes en las redes sociales para después extorsionar bajo la exigencia en pago de altas sumas de dinero para acceder a borrarlas.
La imagen que esta acción está generando preocupa a diversos sectores, desde religiosos hasta algunos padres que se sienten atemorizados.
Mensualmente, el Ministerio Público recibe hasta 15 denuncias de personas que se quejan de que fueron estafadas por jóvenes que operan desde el municipio Villa González.
Falta de seguimiento
El sacerdote Teófilo de Jesús Estévez, párroco de la iglesia, culpó a los padres de la problemática. “La mayoría de estas personas son menores de edad y los padres tienen la culpa, pues ni dan orientación ni seguimiento a lo que hacen sus hijos”, apuntó el sacerdote.
El religioso consideró como muy seria la problemática, pues se gesta y crece de forma silenciosa. Lamentó que se vea normal el dinero que manejan jóvenes que no trabajan y no son recriminados o cuestionados por sus padres de cómo lo consiguieron. El pasado año, el Departamento de Falsificaciones, Inteligencia Criminal y Delitos Tecnológicos recibió prácticamente un centenar de quejas, como las de sacerdotes que fueron estafados mediante llamadas telefónicas con la promesa de conseguirles vehículos.
Sin embargo, la mayoría de los casos tienen que ver con la exposición de imágenes de hombres que acceden a mantener “videochat” de sexo con desconocidos, que luego exigen dinero a cambio de no exponerlas en redes como Facebook. También programan encuentros con mujeres que no se materializan.
En este municipio hay precedente de apresados
En noviembre del 2011, un juez envió a prisión a tres mujeres que estafaron a varios hombres del municipio Villa González. Las apresadas en ese entonces fueron Dalia Victoria Michael (Darlin), Virgen María Contreras y Ana María Abreu Castillo, acusadas de violar el artículo 400 del Código Penal y la Ley 53-07, de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
