Uno de los más grandes enigmas que tienen los inversionistas financieros extranjeros, los bancos globales de inversión, las firmas calificadoras de riesgo, los expertos de organismos multilaterales, y de los departamentos de Tesoro de gobiernos de países desarrollados que periódicamente visitan la República Dominicana, ha sido la insistencia del Estado dominicano en seguir ejecutando la fracasada y altamente costosa política de recapitalización del Banco Central para hacer frente a los efectos de la crisis bancaria del 2003-2004.
El error fundamental de la estrategia seguida ha sido el haber mantenido en el Banco Central, la deuda que se originó con la crisis cuando se tomó la decisión de rescatar a los depositantes de los bancos colapsados por acciones fraudulentas e ilícitas de los propietarios y principales ejecutivos privados de esos bancos. Es natural que dada la urgencia con que se adoptan estas decisiones, la deuda emitida, durante el primer año, se mantenga en el Banco Central en lo que se crean las entidades en el ámbito del Ministerio de Hacienda para absorberla y administrarla.
Por razones incomprensibles para los visitantes extranjeros, esto no ha sido posible en el caso dominicano. Algo extraño si se tiene en cuenta el costo extraordinariamente elevado que ha tenido y tiene para las finanzas públicas el manejo deficiente de la misma que ha exhibido el Banco Central.
En agosto del 2004, la deuda originada por la crisis bancaria ascendía a RD$90,366 millones, equivalente a 9.7% del PIB. Esto dio origen al diseño en el 2006 de una costosa estrategia de recapitalización del Banco Central, que obligaba al Gobierno Central a realizar aportes considerables al Banco Central. De un nivel de 0.5% del PIB en el 2007, los aportes aumentarían a razón 0.1 puntos porcentuales anualmente, hasta llegar a 1.4% del PIB en el 2016. A partir del 2017, bajarían anualmente en 0.1 p.p. hasta estabilizarse en 1.0% a partir del 2020. En otras palabras, en el 2016, el 10.2% de los ingresos tributarios tendrían que ser destinados al Banco Central.
Las autoridades del Banco Central indicaban que el programa estaba funcionando, pues la deuda del Banco Central originada por la crisis, que llegó a 13.0% del PIB en el 2007, comenzó a bajar, situándose en 11.3% del PIB en el 2012. ¡Claro que tenía que bajar! Entre el 2009 y el 2011, el FMI desembolsó al Ministerio de Hacienda la suma de RD$31,492 millones para que éste a su vez los aportará al Banco Central en apoyo a su recapitalización. Finalizado el Acuerdo Stand-by con el FMI, resultaba inviable seguir realizando aportes tan absurdos como los que había programado el Banco Central.
No es por casualidad, que al concluir el acuerdo con el FMI, la deuda interna del Banco Central comienza a subir de nuevo, pasando de 11.3% del PIB en el 2012 a 14.9% que se proyecta cuando termine el 2017, muy por encima del 9.7% de agosto del 2004. Altas tasas de interés reales, motivadas por una marcada preferencia del Banco Central por el tipo de cambio fijo, manejado o controlado, han creado serias distorsiones en el mercado de títulos de deuda pública, al permitirse la existencia de dos emisores diferentes de deuda pública ofertando rendimientos diferentes al exhibir ambos objetivos también diferentes. El día que alguien se siente a calcular cual ha sido el costo fiscal de la coexistencia de dos emisores de deuda pública en el país, muchos dioses caerán de los altares monetarios.
Los mexicanos, a pesar de tener una tradición imperial que nosotros no podemos exhibir, han sido más humildes y sensatos en el manejo de la deuda que originó la crisis bancaria de 1995. En diciembre de 1998, los mexicanos crearon el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), como dependencia del Ministerio de Hacienda, el cual recibió en 1999 la deuda de 11.6% del PIB que se había originado en la crisis macroeconómica y bancaria de 1995. Observen que el nivel es asombrosamente parecido al 11.5% del PIB en que cerró la deuda interna de nuestro Banco Central en el 2005.
El IPAB, al no tener absolutamente nada que ver con la política monetaria, y al no estar interesado en nada relacionado al control de la tasa de cambio, entendió desde el primer día que tendría que manejarse con el apoyo que le daría el Gobierno Federal a través del presupuesto. ¿Cómo se estima anualmente la magnitud del apoyo? Calculando el costo real del servicio de la deuda heredada. Resultado: la deuda originalmente recibida de 11.6% del PIB, cerró el año pasado en 4.16% del PIB. Alguien en nuestro Banco Central rápidamente exclamaría ¡Claro!, allá el Gobierno Federal cumple y envía lo que promete como apoyo. Es cierto. Pero también es cierto que el IPAB siempre ha solicitado al Gobierno Federal montos decentes de apoyo. En el período 1999-2016, los apoyos han sido muchísimo más bajos que los solicitados por nuestro Banco Central al Gobierno Central. Entre el 2010 y el 2016, por ejemplo, el apoyo del Gobierno Federal mexicano al IPAB ha oscilado entre 0.06% y 0.10% del PIB.
¿Porqué tan bajo? Porque el IPAB es sensato, paga tasas de interés reales razonables, no hace política monetaria, ni controla el tipo de cambio. Eso es tarea del Banco de México.
Han pasado trece años desde que concluyó la última crisis bancaria dominicana. Lamentablemente, los líderes políticos dominicanos, no han podido lidiar con la secuela de la misma. Y eso desconcierta a los visitantes extranjeros. Más aún cuando escuchan en algunas catedrales que la deuda del Banco Central no puede ser transferida a Hacienda pues allí no tienen la capacidad para hacer un manejo adecuado de la misma. Definitivamente, hay que estar vivo para oír cosas. Al escuchar el argumento, sugerí a los visitantes comparar las dos transacciones recientes de manejo de pasivos que han hecho nuestros dos emisores de deuda pública: la del pago anticipado con descuento de la deuda con PDVSA realizada por el Ministerio de Hacienda y la de la recompra de los Brady realizada por el Banco Central.
