Recientemente, se publicaron los resultados del Índice Global de Competitividad 2017-2018, que coloca a la Republica Dominicana en una posición desfavorable, según el Foro Económico Mundial, esto debido a que ocupa el lugar 104 entre 137 naciones del mundo, retrocediendo 10 posiciones con respecto al mismo estudio el año pasado. Esto debe preocuparnos, y a las autoridades gubernamentales y municipales a reorientar sus políticas institucionales, que han sido basadas en un trabado burocrático que ahuyenta inversiones importantes para nuestro país, así como la corrupción imperante en algunas instituciones del Estado.
Entre otros aspectos, este informe plantea que los cinco factores determinantes para colocar a Republica Dominicana en esta posición son: la corrupción, la excesiva burocracia gubernamental, las tasas de impuestos, una fuerza de trabajo inadecuadamente educada y la falta de seguridad ciudadana.
Por esta razón, entiendo que se ha tergiversado la palabra burocracia y su objetivo claro para generar procedimientos que permitan crear un sistema ordenado que garantice la seguridad de la inversión y hacia a quien va dirigida. Por lo que, al analizar la teoría de la burocracia de Max Weber, que impulsó la necesidad de generar estos mecanismos, nos damos cuenta cómo cambia en esencia ese concepto, ya que según esta teoría “es la organización eficiente por excelencia, la organización llamada a resolver racional y eficientemente los problemas de la sociedad y, por extensión, de las empresas. La organización burocrática está diseñada científicamente para funcionar con exactitud, precisamente para lograr los fines para los cuales fue creada, no más, no menos.” Si bien es cierto que estos procesos son importantes para garantizar la inversión, no es menos cierto que la cantidad de pasos que se deben dar para gestionar cualquier negocio en nuestro país es en extremo traumático.
El sector construcción es uno de los más afectados por este tema en particular, a pesar de aportar a la economía nacional más del 9% del PIB, debido a que los procedimientos de aprobación de planos y permisología conlleva, al menos, 17 procedimientos y más de 7 instituciones involucradas para una simple vivienda, que afectan considerablemente a los ejecutores y promotores de viviendas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas constructoras, en un país donde el déficit habitacional ronda los 2,000,000 de unidades ,según la ONE ( Oficina Nacional de Estadística ), y un creciente déficit acumulado de unas 25,000 unidades al año.
Esta situación está provocando la reorientación de inversión en el sector construcción a otros países donde los procesos burocráticos son menos traumáticos y, por ende, poniendo en peligro y en posición de desventaja a las pequeñas y medianas constructoras.
Nuestra recomendación es orientar medidas drásticas a las construcciones informales, que son un verdadero problema para nuestras ciudades, debido a que carecen de cualquier tipo de criterio técnico para su construcción, y que verdaderamente pone en riesgo la vida de los ciudadanos. No así radicalizar los procesos constructivos y de permisología para las empresas y profesionales de la construcción que sí conllevan los procedimientos adecuados. Entiendo que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, debe fomentar y plantear alternativas ejecutables para que los trámites de aprobación de planos sean menos traumáticos, y de esta manera generaría un clima más favorable para la inversión en el sector.
