Ante la falsa institucionalidad

Cuando #MarchaVerde demandó en SPM que Hiroito Reyes, Frank Soto y Alejandro Moscoso Segarra fueran relevados de cualquier participación en el conocimiento y establecimiento de responsabilidades penales y civiles ante la estafa Odebrecht, algunos rasgaron sus vestiduras.
Esos jueces de la Suprema ya mostraron cómo sirven incondicionalmente al interés grupal del PLD, lo cual es inconstitucional, al desestimar el fardo de las pruebas que ameritaban juicio de fondo a las imputaciones de corrupción en contra del senador Félix Bautista, secretario de organización del PLD.

Anteayer trascendió que los magistrados Julio César Canó Alfau, presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, e Ysis Muñiz Almonte, jueza de la Segunda Sala Penal, advirtieron que el presidente de la Suprema y el magistrado Frank Soto provienen del sector externo.

Así se deja a los jueces de carrera sin representación en el Consejo Nacional de la Magistratura, desconociéndose la intención del legislador constituyente de que un 75% de esos jueces tengan representación en la Suprema y, en consecuencia, en el Consejo.

Precisamente respondiendo al libreto político del PLD es que los magistrados Jean Alain Rodríguez, Danilo Amador Quevedo y Francisco Ortega manejan el más grande fraude perpetrado en el país dejando libre de culpa a sus verdaderos responsables, mientras se usa el ya desacreditado expediente para perseguir y castigar a opositores internos y externos del presidente Medina.

El gobierno del PLD ha anulado todos los contrapesos que tenía lo que se entiende como Poder Contralor de la República, desapareciendo el rol del congreso como fiscalizador del Poder Ejecutivo, convirtiendo a la Contraloría General de la República en un sello gomígrafo de los desastres administrativos y presupuestarios del Estado y politizando a la Cámara de Cuentas.

Esas circunstancias son las que llevan al líder político de oposición Luis Abinader a proclamar que el gobierno de Medina no persigue la corrupción, pues sólo monta alharacas cuando los casos hacen presión desde el exterior u ocurren tragedias, nunca por acción de los organismos de persecución del delito.

Los gobiernos del PLD han hecho un daño inconmensurable al país eliminando la separación e independencia de los poderes del Estado, llenando de políticos el sistema judicial y convirtiendo a las instituciones estatales en entelequias inoperantes.

En el resto del mundo viven la Era del Conocimiento. Aquí la Era de la Simulación, donde los gobiernos convierten la institucionalidad en un mal de fondo, mientras muchos que en vez de llamarlos a correctivos y a que respeten la Constitución y las leyes, miran para otro lado y reducen la gravedad del tema a propagar que todos somos responsables de que vivamos sin norma, y tome aquí cada vez más cuerpo la idea de que esta es una tierra de nadie en la que se impone el más fuerte.

Ante esa falsa institucionalidad hay que indignarse, seguir apoyando y acompañando a #MarchaVerde en su empeño en darle un corte radical a la impunidad y la corrupción, como primer aporte a una institucionalidad que rija a gobernantes y gobernados, y que sirva de marco al desarrollo integral y al bienestar social.

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