Mantienen prisión contra Piccini Núñez

El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo, ratificó este martes las medidas de coerción impuestas contra el coronel Carlos Piccini Núñez por el caso de los sobornos que habría pagado Embraer, para la compra de ocho aviones Super Tucano.En el caso del coronel Carlos Piccini Núñez, éste deberá permanecer en prisión preventiva por dos meses más, mientras que el mayor general Pedro Rafael Peña Antonio y los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez continuarán con prohibición de salida del país y presentación periódica.

Además, el juez acogió la solicitud hecha por el Ministerio Público a los fines de prorrogar el plazo de la investigación por dos meses más, por lo que se espera que la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) presente formal acusación y acto conclusivo en el mes de octubre.

Acusación

El Ministerio Público acusa al exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, al coronel Carlos Piccini Núñez y los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, por el soborno de 3.5 millones de dólares que Embraer aseguró haber pagado a funcionarios dominicanos para la adquisición de ocho aviones Super Tucano.

En febrero de este año, el MP emitió un comunicado en el cual aseguró que recibió apoyo de autoridades de los Estados Unidos y Brasil, lo que ha permitido fortalecer y ampliar las indagatorias.

Resaltó que han realizado diversos allanamientos a nivel nacional, a través de los cuales han logrado importantes hallazgos que sustentan la investigación.

“Procuramos con esas diligencias obtener los mejores resultados, mediante pruebas fehacientes que nos permitan demostrar los hechos imputados y que haya sanción”, destacó.

Significó endeudamiento por US$94 MM

De acuerdo a la instancia de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), la venta de los ocho aviones Super Tucano representó un endeudamiento para el país de 94 millones de dólares. Se presume que en la transacción se pagaron sobornos a funcionarios para que aprobaran la compra. El caso está en fase de investigación.

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