(I)
Los que ejercen derecho penal – y procesal penal-, pueden agruparse en tres categorías: teóricos, prácticos o mixtos. Los teóricos imparten docencia, dan consultas, escriben artículos, libros o desarrollan otra actividad relacionada a la academia. Los prácticos piden justicia en los tribunales, han “sudado la toga”: hacen el derecho realidad tanto al reclamar justicia, como al adjudicar. Un tercer grupo navega entre estas dos aguas. El Procurador General de la República no pertenece a ninguna de estas categorías. Ni es un teórico, ni es un práctico, ni un poco de ambas, lo cual no fuera un problema si buscara asesoría en los ayudantes con experiencia que tiene, esencialmente en las Cortes de Apelación y en Primera Instancia. Pero no ha sido así.
En el “proceso Odebrecht prefirió la asesoría de abogados que todo lo saben, menos derecho penal – y procesal penal-. Quienes lo llevaron por un equivocado camino procesal que afectará el fin proyectado en el proceso. A menos, como he escrito antes, que ése sea precisamente el objetivo.
Una solicitud de imposición de medida de coerción inconsistente, con mayúsculos errores procesales y administrativos, son la certeza de lo planteado. A cada momento debe salir a los medios a rectificar. Meses y recursos invertidos en una deficiente instrumentalización que parece ser la respuesta política a la sed de sangre de muchos, más que al deseo de justicia de todos.
Odebrecht empieza y la clase política tradicional debe reflexionar, está en peligro. De no reinventarse no será venturoso el futuro inmediato. ¿El principio del fin?
(II)
Desde la Ilustración existe una separación entre Estado y religión, por lo menos en teoría. En nuestro país eso nunca ha estado muy claro. El conservadurismo en materia religiosa tiene su lógica, es una forma de mantener unido al rebaño. No debemos razonar, solo creer. La individualidad se pierde en la multitud. El hombre-masa no piensa, siente. Y el grupo se cohesiona más fácilmente con ideas simples y extremas.
El aborto es darle un no a la vida, dicen unos. Y, de paso, chantajean a los legisladores con un castigo electoral si despenalizan la interrupción del embarazo, aun en condiciones excepcionales.
El aborto, en casos especiales, es darle un sí a la vida. Es proteger la dignidad de la madre, de la mujer. Es despenalizar a las mujeres de menores ingresos, las más afectadas por la desigualdad y el abuso. Dicen otros.
El tema ha dividido el país, conservadores y liberales sacan músculos, mostrando nuestra incapacidad para el consenso en temas fundamentales.
En tanto, las que tienen recursos seguirán practicándose abortos de forma segura, incluso fuera del país. De su lado, las pobres, las “nadie”, la mayoría de las mujeres que interrumpen el embarazo, lo harán a escondidas en una clínica de barrio, sin higiene ni garantías. Diga lo que diga la ley. Lo demás es hipocresía social e irresponsabilidad política.
Penalizar el aborto en todas las circunstancias fue un “palo acechao” de los senadores.
Una decisión política, sin el apoyo de las mayorías nacionales.
